Delito garantizado
Por Eugenio Burzaco
Para LA NACIONHace ya varios años planteé, desde estas mismas páginas, los factores recurrentes que explican el creciente aumento de la delincuencia en la Argentina, en especial de los delitos violentos. Sigo sosteniendo que el Estado tiene un papel fundamental para su abordaje y que la escalada delictiva no retrocederá mientras la política siga mirando hacia otro lado e intentando ocultar la realidad.
Dejar de publicar las estadísticas o tergiversarlas y cargar la responsabilidad sobre los medios de comunicación, con la muletilla de que crean en la población una “sensación de inseguridad” son actitudes que no conducen a nada. La realidad que el ciudadano vive se impone. A la gente no hay que contarle lo que tiene que padecer todos los días.
El robo de autos crece. ¿Cuántos desarmaderos en pleno funcionamiento puede mostrar la televisión? ¿Cuántos rostros de comerciantes llorando, porque se ven obligados a cerrar su negocio, el sustento de su vida y su familia, puesto que los han robado por vigésima o trigésima vez?
Un empresario secuestrado por unas horas agradece, desencajado, porque sólo fue víctima de un “secuestro exprés”. Cobraron y lo dejaron ir, pero no fue tan afortunado un jovencito, hijo de otro empresario. El padre pagó, pero tuvo que buscar el cuerpo de su hijo en la morgue.
¿Cuántos chicos adictos al “paco” o con abstinencia de “paco” asuelan la ciudad de noche y ahora incluso de día? Ya ni se cuentan los ancianos golpeados, saqueados y muertos. ¿Cuántos delitos de los que efectivamente se comenten son denunciados? Las imágenes sobre la criminalidad se repiten en los programas de TV día tras día, porque ese mínimo porcentaje que sale a la luz ocurre diariamente, en cualquier lugar del país, y los ciudadanos se sienten parte, posibles víctimas, ante la evidencia de que el Estado, en todas sus instancias, hará poco para evitarlo.
Las instituciones y los recursos
No se ha abordado aún el debate sobre los recursos económicos que deben ser destinados a las mejoras necesarias en el marco institucional, en la policía, la Justicia y el servicio penitenciario, tanto para su actuación operativa, capacitación y remuneración del personal, cuanto para el uso inteligente de las tecnologías disponibles para la prevención del delito.
Mucho se puede decir sobre qué políticas en particular deberían ser aplicadas en estas instituciones, pero lo que queda en claro es que sin recursos económicos cualquier esfuerzo que se realice resultará insuficiente.
Analizando brevemente el debate adeudado, salta a la vista el tema de la coparticipación. El gobierno nacional se queda con más del setenta por ciento de lo recaudado en el país y, a pesar de concentrar la mayoría de los recursos, la Nación les traslada la principal responsabilidad de la lucha contra la delincuencia a las provincias.
Esto deja expuesto el núcleo del debate sobre el federalismo, ya que provincias como Buenos Aires, que aportan el 40% de todo lo recaudado en el país, sólo reciben el 22% de los recursos coparticipados. Esta provincia, por su tamaño, su población y su desborde en la problemática de inseguridad, se ve obligada a mendigar recursos que, en realidad, deberían ser suyos.
Más evidente aún es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Ejecutivo nacional pretende que la Capital financie el traspaso de la policía con sus propios fondos. Ante todo, estaría violando el artículo 72 de la Constitución, que es claro sobre este tema. La ciudad aporta aproximadamente el 25% del total de lo recaudado por el Tesoro Nacional y recibe sólo el 1,4%.
Es importante que las provincias grandes y más ricas sean solidarias con aquellas provincias más pobres y necesitadas, pero no a costa de que los recursos caigan en el saco de la Nación, que tampoco resuelve sus problemas.
Si no se afronta esta problemática institucionalmente, como debe ser, nos convertiremos en un Estado feudal, en el que nos veremos obligados a rendir pleitesía al repartidor de los recursos para resolver precariamente cualquier conflicto, sin llegar a las causas y sólo atendiendo los síntomas más visibles.
El país invierte en seguridad y justicia un porcentaje menor de su presupuesto en términos relativos: alrededor del diez por ciento contra un veinte y hasta un treinta por ciento que invierten los países vecinos y los desarrollados.
Queda también pendiente la discusión sobre a dónde van los recursos y cómo se utilizan, ante la evidencia empírica de que el problema no es sólo que se gasta poco, sino que además se invierte mal en esta materia.
Socioeconomía y cultura
Los factores económicos que más inciden en el índice del delito son la desigualdad en los niveles de ingreso y el desempleo entre los hombres jóvenes.
Dado que los hombres jóvenes son las principales víctimas –y también los principales victimarios– de delitos violentos en nuestra sociedad, es notable que sean también los más afectados en términos de niveles de marginación. Si bien en los últimos cinco años la Argentina se ha recuperado significativamente si se habla de crecimiento económico, reducción del desempleo y un mayor bienestar general, los datos de estas dos variables particulares siguen siendo alarmantes.
En lo tocante a la desigualdad, la brecha entre el diez por ciento más rico y el diez por ciento más pobre aumentó un 35,4% entre 1998 y 2006. Es decir que los más ricos pasaron de ganar 22 veces más que los más pobres a ganar 31 veces más.
El desempleo cayó significativamente, pero hoy el grupo más afectado por esta problemática sigue siendo el de los hombres jóvenes, categoría en la cual los índices más altos del país llegan al 14,3% en el Gran Buenos Aires, y al 16,8%, en el nordeste de la Argentina.
Asimismo, el empleo informal en todo el país alcanza el 39%, pero en la provincia de Buenos Aires llega al 45%.
La consecuencia de estos datos es que se agravan otros factores socioculturales, como los niveles de educación y la deserción escolar, con un abandono interanual promedio cercano al 20%. Esto se suma al aumento de hijos en hogares monoparentales. Crecieron un 44% entre octubre de 1995 y el mismo mes de 2005 en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. En definitiva, se trata de chicos que crecen en la calle, que no asisten al colegio y que, en muchos casos, carecen de parámetros de referencia aun entre sus familiares más cercanos.
La escuela y la familia, que son las principales instituciones de socialización de los jóvenes, se han deteriorado, y muchos jóvenes encuentran en las drogas, la violencia y las bandas delictivas una forma de escaparse ante una realidad tan dura y con tan pocas expectativas de progreso personal y social.
Drogas y crimen organizado
El consumo de drogas tiene dos relaciones con la delictividad. Una es sistémica, producto de que muchos jóvenes deben delinquir para mantener su adicción.
Cuanto mayores niveles de dependencia tienen, más dificultades experimentan para conseguir recursos por vías legales o trabajos formales, con lo cual caen en algún tipo de acción delictiva para financiar su enfermedad.
La otra problemática, relacionada con el consumo, es que bajo los efectos alucinógenos, o como consecuencia de la desesperación causada por el síndrome de abstinencia, muchos jóvenes cometen crímenes aberrantes, cuando se ven afectados en la capacidad de autolimitación y represión de sus conductas.
Los datos de aumento del consumo son alarmantes. El informe de las Naciones Unidas del año pasado ubica a la Argentina, como el segundo país en consumo de cocaína per cápita de toda América.
Los recientes datos del Sedronar señalan que 440.000 argentinos consumen regularmente cocaína.
Con respecto a la marihuana, organizaciones internacionales que se ocupan del tema adelantan que en nuestro país más del seis por ciento de la población la consume habitualmente. Con estas cifras, la Argentina se convierte en el país de mayor consumo de América latina, posición que hasta ahora ocupaba Chile, con el 5,3 por ciento. Parece notable que en este panorama crítico se busque como solución mágica, desde las más altas autoridades, la despenalización del consumo de drogas ilegales, que, a mi entender, va a agravar aún más el problema.
Otro factor negativo que viene acentuándose es la penetración de redes del crimen organizado en el país. Esto está demostrado empíricamente por la frecuencia de las luchas entre narcos peruanos en la propia ciudad de Buenos Aires y por el hecho de que las cocinas de cocaína que generan “paco” hayan proliferado de manera tan significativa en los últimos años, cosas que prueban que a las redes criminales ya les conviene afrontar la etapa de producción entre nosotros. Los efectos del “paco” sobre los jóvenes son devastadores.
Es notable que en momentos de superávit económico y después de haber declamado la prioridad de la temática de seguridad en la campaña presidencial no se hayan transferido aún los recursos para afrontar el problema ni se haya sostenido una política de Estado ante la demanda creciente de la población. Todas las encuestas revelan que la inseguridad es la preocupación número uno de los argentinos. Cuanto más tiempo pase y más jóvenes crezcan sin oportunidades ni educación como marginados sociales, más personas buscarán en el delito la solución a sus urgencias y mayor será el avance de las drogas y del crimen organizado.
Recuerdo que el estupendo y lúcido director Ingmar Bergman calificó a la criminalidad como el huevo de la serpiente: ella muerde su propia cola envenenada y se acostumbra a sobrevivir en ese estado. Nada más lejos del deseo de la gran mayoría de los argentinos.
Eugenio Burzaco es diputado nacional por el Pro, con mandato hasta 2009.
