Credibilidad intervenida:
Las claves para entender la crisis del Indec
Cuestionado por amplios sectores, incluidos ahora también los industriales, todo el sistema estadístico del país entró en zona de riesgo como resultado de un complejo entramado de intereses y disputas por espacios políticos
Por Damián Nabot
Noticias de Enfoques:
FOTOILUSTRACION: SILVINA NICASTROComo los protagonistas del cuento "Casa Tomada" frente al avance implacable de extraños en los cuartos de su hogar, los trabajadores del censo agropecuario del noveno piso del Indec descubrieron el 11 de marzo, fecha del anuncio de las retenciones móviles, que finalmente la intervención los había alcanzado.
Se levantó una pared en medio de la oficina para separar a los empleados que respondían a la gestión anterior de los fieles a la nueva directora, María Esther Colombo. Se desmanteló gran parte del equipo de técnicos y se alteraron las fechas para comparar la evolución de las cosechas. Al presente, cinco meses después del desembarco, de las 10 provincias tradicionalmente relevadas para el censo agropecuario se avanzó sólo con tres. No se relevaron Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza, que concentran la mayor parte de la producción agrícola de la Argentina. Se envió a censar a la Patagonia en invierno, con los campos nevados, cuando la fecha tradicional era en primavera. Según afirmaron empleados que resisten a las nuevas autoridades, gran parte del presupuesto ya se gastó y todavía no hay siquiera datos preliminares. Estimaciones internas advierten que sólo se censó el 20 por ciento del total, cuando los informes deberían estar a punto de presentarse.
La intervención del censo agropecuario fue el eslabón final de una cadena que comenzó a fines de 2006 y que, aunque se la suele asociar únicamente al interés por disimular índices negativos, responde también a una política para operar sin intermediarios sobre los actores económicos y tener herramientas para su disciplinamiento. Pero la destrucción de la credibilidad del Indec fue un proceso que adquirió una dimensión y un alcance impensados para sus propios impulsores, como lo reconocen en reserva, y esconde un entramado de intereses, enfrentamientos y políticas equivocadas que terminó por poner en duda todo el sistema estadístico de la Argentina. Ya no sabemos a ciencia cierta cuál es el índice de inflación, cuántos pobres e indigentes hay en el país o, por ejemplo, a qué ritmo crece la economía argentina.
Una "guía urgente" para la comprensión de la crisis de las estadísticas permite explicar sus claves a partir de siete preguntas:
1.- ¿Por qué Néstor Kirchner resolvió intervenir el Indec? El motivo fue la aceleración de la inflación. Néstor Kirchner resolvió a fines de 2006 que el Indec quedara en manos del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para que el funcionario aplicara sus conocidos métodos disciplinarios entre los comerciantes que aportaban información para la confección del IPC (Indice de Precios al Consumidor). Había un doble objetivo: "planchar" las expectativas inflacionarias a partir de un índice intervenido y reducir los costos de la deuda pública, que tras el canje pasó a ajustar la mitad de sus títulos por el aumento de precios. Además, a menor inflación hay, estadísticamente, menos pobres y menos indigentes. "Se buscó aplicar la teoría de las expectativas disciplinadas con un índice menor de inflación, pero el efecto conseguido fue el contrario al deseado: se aceleraron las expectativas y ahora cualquier consultora tira la cifra que se le da la gana", evalúa el economista y diputado de la CTA, Claudio Lozano.
Moreno le exigió a la responsable del área de precios del Indec, Graciela Bevacqua, la lista de comercios donde los encuestadores relevan sus precios. Pero la entrega de la nómina de los 8000 comercios involucrados implicaba una violación a la ley de secreto estadístico. Bevaqua, con 10 años de trayectoria en el Indec, se negó y fue destituida. "Se quiso ajustar el valor un mes para que quedara más o menos bien. Y pasó. Pero después pecaron de soberbia, trastocaron todo el sistema y nos dejaron sin números", reconstruye Patricia Giménez, la funcionaria a la que echaron del Indec de Mendoza por dejar a la luz una inflación superior a la oficial.
El Gobierno creyó que podía manejar la resistencia. Pero ante cada avanzada, el conflicto recrudecía. Al presente, y como parte de un esfuerzo inútil por acallar disidencias, unos 200 empleados del instituto fueron desplazados o despedidos. Unos 300 nuevos trabajadores fueron incorporados, en su mayoría sin experiencia en materia estadística. Del personal actual, prácticamente la mitad no trabaja porque las nuevas autoridades no le asignan funciones. La credibilidad de las mediciones del organismo fue despedazada. Muchas de las líneas temporales que permitían comparar un índice en diferentes momentos de la historia fueron interrumpidas. La desconfianza se esparció hacia otras mediciones y la Argentina se confronta con el problema de carecer de un instrumento que refleje con certeza sus realidades económicas y sociales.
2.- ¿Existe en el Gobierno una posición uniforme sobre el Indec? Nunca existió. Nadie se atrevió al principio a plantear públicamente su desacuerdo porque la decisión se había tomado en la línea que baja directamente de Néstor Kirchner a Moreno. Cuando estuvo al frente del ministerio de Economía, Felisa Miceli intentó una vía alternativa para recuperar la credibilidad y apaciguar el conflicto con los sindicatos cuando nombró al frente del organismo a Alejandro Barrios, un economista que era a la vez delegado de capacitación de la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Cuando Miceli debió renunciar por el escándalo de la bolsa de dinero, Moreno recuperó terreno ya sin adversarios de peso en su horizonte. En el Gobierno le reprochan a ATE no haber apoyado la gestión de Barrios y aceptado el gesto de acercamiento, y lo atribuyen al triunfo de las posturas más radicalizadas que conviven en su interior. "La designación de Barrios no había sido consultada y luego hubo un proceso donde se buscó callarnos con mejoras salariales para que hiciéramos la vista gorda ante la intervención", responde Carlos Achigar, secretario de organización de ATE-Indec.
El reemplazante de Miceli, Miguel Peirano, también criticó en la privacidad de la Casa Rosada el descalabro de las estadísticas, pero tenía aún menos margen que su antecesora para oponerse. El actual ministro, Carlos Fernández, ni siquiera lo intentó. Todos quienes la conocen saben que la titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, objeta la política de intervención del Indec. Lo discutió con sus compañeros de bancada cuando era diputada nacional. Incluso fue señalada como la autora de un proyecto para modificar la ley de estadísticas. Pero, por el momento, Marcó del Pont prefiere dejar sus sugerencias en la intimidad de la Casa Rosada. Además, en su primera conferencia de prensa, la presidenta Cristina Fernández desestimó cambios inminentes y enfrió las expectativas de anuncios.
3.- ¿Qué cambió tras el conflicto con el campo? En su jornada inicial como jefe de Gabinete, Sergio Massa fue el primer funcionario en reconocer desde la cúpula del Gobierno que el Indec había perdido su credibilidad y que era necesario "trabajar muy fuerte" para recuperarla. En el interior del Gobierno, la afirmación generó estremecimiento por el desafío que implicaba al jefe político del kirchnerismo, pero a la vez fue una bocanada de oxígeno que liberó opiniones antes silenciadas.
"Hubo un proceso de descalificación de la tarea del Indec que se instaló en la sociedad, que dejó de creer que sus mediciones reflejan la realidad, y que ahora deja como labor pendiente reconstruir la credibilidad en sus estadísticas", afirma el diputado oficialista Héctor Recalde. Agrega que los problemas "trascienden los nombres propios".
El socialista Ariel Basteiro, también integrante del bloque del Frente para la Victoria, cree que el tiempo debe ayudar a retomar el diálogo y reconoce la obligación de "rediseñar el Indec para que vuelva a ser creíble". Pero, a diferencia de Recalde, advierte sobre la necesidad de "cambiar en ambas partes algunos actores que fueron parte del proceso" y que impiden "reacomodar los ánimos caldeados".
Economistas cercanos al Gobierno, como Aldo Ferrer y Héctor Valle, titular del Fondo Nacional de las Artes, también reclaman una recuperación del Indec. Incluso fueron señalados como posibles integrantes de un "consejo de notables" que tome las riendas del organismo en reemplazo de los designados por Moreno. La propuesta circuló con fuerza en el entorno de Massa. Pero fue descartada por miembros del Gabinete que llevan más tiempo en la Casa Rosada.
Pero el cambio de aire político tras el conflicto con el campo y el quiebre que significó el reconocimiento de Massa también animó a la dirigencia empresaria a plantear el problema en voz alta. Julio Werthein, titular del Grupo W, afirmó que lo que publica el Indec "no se corresponde" con lo que los argentinos "compramos o producimos". Le siguió Cristiano Ratazzi, de Fiat, y cerró el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Ignacio de Mendiguren, quien reclamó una "normalización urgente" del Indec. La presión es creciente.
4.- ¿Cómo interviene Moreno en el Indec? Desde el inicio de la intervención, Moreno impulsó el nombramiento o ascenso de los funcionarios leales y convirtió al Indec en una herramienta de su política de precios, con la consecuente pérdida de autonomía. El organismo se encuentra actualmente a cargo de Ana María Edwin, quien se había desempeñado en el área de recursos humanos y fue la encargada de implementar la estrategia trazada por el secretario de Comercio.
Para enfrentar las protestas de ATE, que a su vez tiene la presión de los dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores que se desempeñan en el Indec y empujan por izquierda, Moreno se recostó sobre el aparato de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio que a nivel nacional encabeza Andrés Rodríguez. El acuerdo entre UPCN y las nuevas autoridades, según revelan los propios trabajadores, se selló con un acuerdo generoso: todos los nuevos empleados deben afiliarse al sindicato y reciben, como premio, un plus salarial superior al cobrado por aquellos que sobreviven de gestiones anteriores.
Paralelamente, a mediados de 2007 apareció en el Indec un grupo de personajes encabezados por Hernán Leonardo Brahim, quien acompañó al secretario de Comercio a Plaza de Mayo cuando el kirchnerismo disputó el lugar a quienes golpeaban cacerolas en apoyo a la protesta agropecuaria. "Son unas treinta personas que llegaron en julio de 2007 como la fuerza de choque de Moreno", define Raúl Llaneza, delegado de ATE. Entre sus filas figuran custodios, como Rubén Zampino, y otros personajes que se desempeñaban en el Mercado Central, como José Luis Blanco.
5.- ¿Cuál es la relación entre la intervención del Indec y la deuda pública? Cerca del 42 por ciento de la deuda pública argentina se indexa a partir del índice de precios. Por lo tanto, cuando aumenta la inflación crecen los intereses. Un punto más de inflación, según las últimas estimaciones, implica unos 572 millones de dólares más de deuda externa. Al empujar hacia abajo el índice de inflación, la Argentina lleva ahorrados unos 20 mil millones de pesos desde el inicio de la intervención del Indec. Pero la picardía no es gratuita. "A la Argentina se le cerraron los mercados de financiamiento voluntario, que afecta no sólo la posibilidad de conseguir recursos para el sector público sino también para el privado. Además, a través de las AFJP, muchos de los tenedores de deuda somos los propios argentinos, a quienes cada tres años nos quitan dos de capital", calcula Rodrigo Alvarez, gerente de economía y finanzas de la consultora Ecolatina.
El vínculo entre deuda e inflación plantea el principal problema de cara a un posible sinceramiento del índice de precios. Muchos economistas consideran inviable reconocer la inflación pasada en términos financieros. "Para atrás no se puede hacer nada, daría lugar a una especulación financiera extraordinaria, los bonos subirían 30 por ciento en un día", estima el economista Javier González Fraga, ex titular del Banco Central. En definitiva, la imposibilidad de pagar los intereses acumulados por la inflación escondida en los meses de intervención dejará a la Argentina frente a una suerte de segundo e inevitable default.
6.- ¿Qué hay de cierto en la teoría de los lobbys de Néstor Kirchner? Cada vez que se le exigen explicaciones a Kirchner por la decisión de intervenir el Indec, el jefe del Partido Justicialista argumenta que el organismo había sido copado por consultoras privadas que buscaban empujar el índice para arriba a fin de favorecer a los tenedores de bonos. Nunca se presentaron pruebas.
Es verdad que los propios técnicos actualmente opuestos a la intervención reconocen, en reserva, que en la década del 90 había presiones de las consultoras privadas para acceder a las bases de datos del organismo. Pero el argumento de Kirchner enfrenta dos incongruencias: en primer lugar, la actual titular del instituto tuvo una participación activa e influyente durante los años del Indec que ahora son criticados. En segundo lugar, la gestión para que los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) fueran volcados públicamente en la página web del Indec correspondió a la entonces directora Cynthia Pok, quien fue desplazada tras negarse a convalidar la nueva medición de inflación. Cuando los datos son públicos, su venta para pocos deja de tener sentido. Con el nuevo índice de precios, el acceso público a las bases de datos volvió a cerrarse.
7.- ¿Cómo se recupera la credibilidad perdida? "A nosotros nos creen", enfatiza Pok, para argumentar que el primer paso para reconstruir la confianza en el Indec sería reincorporar a los técnicos que fueron corridos de sus tareas. "Hacen falta gestos muy fuertes que despejen las dudas", acota Carlos Achigar, secretario de organización de ATE-Indec. La realidad es que la reconstrucción exige ir más allá del reingreso de los desplazados. En primer lugar, el problema de la inflación escondida plantea la necesidad de diseñar una estrategia frente a los intereses que podrían reclamar los tenedores de bonos. Luego es necesario reconstruir una metodología de medición de la inflación que sea aceptada públicamente.
También se plantea la obligación de "cambiar a algunos actores", como reconoció Basteiro. La permanencia de Moreno volvería imposible un relanzamiento exitoso por el nivel de resistencia que genera. Un sector del Gobierno impulsa la idea de un "consejo de notables" que conduzca el Indec y lo envuelva con su credibilidad. Pero reconocer de un día para otro una inflación superior también exige acompañar la medida con políticas económicas que den garantías para su contención. "Nadie puede enfrentar la inflación si primero no reconoce el problema", acota González Fraga. Para Lozano, la reconstrucción del Indec también exige "convocar a concurso público" para ocupar los principales cargos y "abrir a debate público, con rigor académico, la elaboración de una nueva metodología para medir el IPC". El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien también se enfrentó con la Nación por las diferencias entre el índice medido en su provincia y el oficial, propuso que el nombramiento del director sea "con acuerdo del Senado".
Tarde o temprano, alguno de los caminos posibles deberá ser transitado. Porque, a diferencia del matrimonio del cuento de Cortázar que, rendido, abandona su hogar y tira las llaves a la alcantarilla, frente a la desconfianza esparcida sobre el sistema estadístico de la Argentina, la resignación es la única salida impracticable.
