No deshonrar el contrato entre los ciudadanos y el poder que administra
La venganza fiscal
Natalio R. Botana
Para LA NACION
Noticias de OpiniónLa inspección fiscal al servicio de las pasiones revanchistas de los gobernantes es un típico signo de subdesarrollo político. Costó milenios de aprendizaje a la humanidad entender las diferencias entre un Estado responsable, limitado por ley, que se ubica por encima de las disputas de ocasión, y un aparato irresponsable sujeto al apetito de poder del gobernante de turno.
A la vista de la reciente inspección masiva de agentes tributarios en las oficinas del GrupoClarín, está claro que el oficialismo persiste en su obcecación de subordinar el Estado al interés circunstancial del Gobierno. La cuestión es complicada, porque, más allá de este episodio inscripto en el debate de una ley de medios audiovisuales, concebida de nuevo como una batalla a todo o nada, seguimos cavando con ahínco el pozo de la desconfianza. Asombra esta inclinación para producir malas decisiones que, cuando dan marcha atrás, terminan en los enredos propios del grotesco.
En el tumulto de las novedades es posible que este episodio no pase a mayores. Lo que, en cambio, no se puede omitir es el depósito malsano que se va formando en el fondo de la conciencia cívica. Estos estratos de la desconfianza hacen que se miren las obligaciones fiscales como producto de un instrumento injusto aplicado con arbitrariedad. Si analizamos estos sucesos con perspectiva amplia, el resultado de ellos es la desobediencia fiscal, la evasión tributaria y la debilidad con que se expresa el sentimiento de la obligación política.
Con esto queda dicho que estas idas y venidas no son un asunto de índole coyuntural; son, más bien, tema de carácter estructural. No hay en efecto Estado que subsista sin recursos, pero tampoco hay Estado con vocación de servir al desarrollo de la sociedad si no asume el contrato que se forja a través del tiempo entre el ciudadano que paga impuestos y los poderes que los administran mediante la adjudicación transparente de bienes públicos.
No cabe duda de que este contrato de la ciudadanía fiscal conforma un circuito delicado, pues ante todo debería reposar -no lo hace- sobre los atributos de la confianza y la equidad. Sin ellos, la coacción aparece en el horizonte como el único medio disponible para hacer valer la voluntad del Estado. Una coacción, por otra parte, desnaturalizada cuando el gobernante la usa con arbitrariedad.
Lamentablemente, estos argumentos de sobra conocidos son aquí letra muerta. Se olvida así una regla de oro según la cual el ejercicio responsable de la economía se conjuga con un sistema fiscal equitativo. Si este último aumenta en cuanto a la presión que ejerce sobre el PBI, lo hace al compás del crecimiento y del respeto del Estado de Derecho.
Para llevar a buen puerto esta larga travesía, es preciso que nuestra cultura política produzca un giro copernicano y, al mismo tiempo, tenga el convencimiento de afrontar varios problemas de fondo que sistemáticamente se eluden. En el último medio siglo, si bien sobran los ejemplos al respecto, sería útil atender a los efectos de los Pactos de la Moncloa que, en octubre de 1977, suscribieron en España los miembros de casi todo el arco de la dirigencia política y social. Hoy se ha puesto de moda hablar de esos pactos en la Argentina en un tono que, por ahora, ignora el enorme esfuerzo fiscal que, desde aquella fecha, puso a punto la España de la transición democrática.
En aquel momento amenazante los partidos en formación, sindicatos y organizaciones empresariales procuraron contener en España la inflación asumiendo responsabilidades compartidas. Al conquistar esos objetivos inmediatos, la atmósfera agobiante se disipó y un contexto mejor ayudó a que poco tiempo después se sancionara la Constitución de 1978.
Hasta aquí lo que habitualmente se rememora. Sin embargo, esos comienzos no se entenderían cabalmente de no tomar en cuenta la ambiciosa reforma fiscal que, por aquellos años, se puso en marcha. Para ello, el Estado español tuvo a su favor el viento de cola de una tradición burocrática basada en concursos públicos de antecedentes que, más allá de los condicionamientos ideológicos, había atravesado experiencias políticas tan dispares como excluyentes.
Con ese resorte y la aquiescencia parlamentaria, se puso manos a la obra durante un período que abarcó aproximadamente un cuarto de siglo. Algunas cifras: en 1970, la parte de la población sujeta al impuesto a la renta ascendía a 300.000 contribuyentes; en 1993, a 6.000.000. En 1975, la presión fiscal sobre el PBI era del 20%; en 1985, del 35%, y en 1993, del 42%. El notable crecimiento de la economía corrió pues de la mano del desarrollo fiscal y, concomitantemente, de una sociedad cohesionada capaz de achicar la brecha de las desigualdades.
¿Tenemos acaso conciencia del esfuerzo que demanda esta clase de políticas y de la montaña de obstáculos que se nos viene encima, acrecentada por un Gobierno que, en lugar de acordar, se empeña en disentir a cualquier costo? Notemos que la continuidad que tuvo la reforma fiscal en España la aseguraron todos los partidos políticos en funciones de gobierno: la UCD de Suárez y Calvo Sotelo, el PSOE de Felipe González y luego de Rodríguez Zapatero, el Partido Popular de Aznar (sin desconocer, se entiende, a los gobiernos regionales). En definitiva, una política de Estado que, de izquierda a derecha, hincó el diente en la porción más sensible de la ciudadanía democrática correspondiente al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Este aspecto duro, en cuanto a la construcción de un Estado animado por criterios universales, se escurre y disuelve entre nosotros en medio de la anomia y de un torrente de palabras. Nos contentamos con aplicar impuestos regresivos; con que algunos paguen el pato de la boda y otros no; con que los impuestos percibidos para las obras sociales se los trague una escandalosa corrupción que medra con la salud de los afiliados; con que el ahorro se refugie en el exterior o modestamente en el colchón. Eso sí, en el caso de un conflicto en danza, bienvenido sea el sistema fiscal para apretar al contrario.
No es fácil avanzar con el apetito de un porvenir mejor en medio de esta maraña de conductas. Tampoco es sencillo analizar en toda su amplitud modelos de reconstrucción ajenos o autóctonos. Nos entusiasmamos, por ejemplo, con aludir al genio constituyente del Pacto de San Nicolás de 1852, haciendo en general caso omiso de la legítima pretensión, resultante de ese pacto, de nacionalizar la Aduana de Buenos Aires para ponerla al servicio del país entero como contrapartida de la eliminación de las aduanas en todas las provincias.
Como es sabido, Buenos Aires no aceptó y diez años transcurrieron, en un territorio sembrado de batallas fratricidas, para llegar a ese punto provisorio de unión. Convengamos entonces en que, tanto en la Argentina del siglo XIX como en la España del novecientos, la cuestión fiscal es un asunto político sobresaliente. En un caso hubo violencia; en el otro, felizmente, no. En los dos, la lección es sin embargo coincidente: las grandes dirigencias son aquellas que asumen este reto y lo traducen en políticas de largo aliento.
En este capítulo central de la teoría y praxis del Estado constitucional, acertó Alberdi. No hay progreso posible sin un sistema económico y rentístico adecuado a esos fines. Un combate contra el tiempo antes de que nos atrape la fuerza ciega de un futuro sin rumbo. Esto es lo que hoy nos falta: rumbo, mientras seguimos empantanados en el día a día. De aquí, la tarea de levantar la mirada y obrar en consecuencia.
