- PAPELERAS -

Papeleras: un viraje estratégico


Por Pepe Eliaschev, Vicente Palermo, Roberto Russell y Juan Gabriel Tokatlian


Para LA NACION



El problema creado entre la Argentina y Uruguay por la construcción de la pastera Botnia es grave y amenazador. Lo que podría haber sido un simple diferendo diplomático es hoy un conflicto serio. El manejo de la situación ha significado un daño evidente para ambos países. A partir del 10 de este mes se abrió, sin embargo, una nueva oportunidad para enderezar la cuestión. La Argentina tiene un gobierno flamante encabezado por una presidenta que cuenta con un indiscutible respaldo en las urnas, y los candidatos más votados acompañarían una iniciativa de entendimiento, según las posiciones que hicieron públicas en la campaña.

En este contexto, que juzgamos promisorio, intentamos aportar ideas que contribuyan a la superación del odioso desencuentro.

Prevalecen hoy una especie de resignación y la idea de que el tiempo, que lo diluye todo, terminará resolviendo la situación. Pero esperar que la solución la brinde sólo la decisión de la Corte Internacional de Justicia no es recomendable, y sabemos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no ignora que La Haya no está en condiciones de resolver el conflicto.

Convivir pasivamente con la tensión sería un grueso error. Cualquier próximo incidente, espontáneo o deliberado, podría ser fatal. Y no es sólo eso: sin un esfuerzo de reconstrucción, las heridas políticas y culturales quedarían abiertas, con la amenaza de infectarse.

Si salimos de la condición de ensimismamiento -dos naciones enojadas entre sí y que mal se hablan-, sólo queda la opción de la cooperación. Es preciso aguardar constructivamente el fallo: creando y recreando ámbitos de colaboración, convergencia y concordancia.

Existen antecedentes positivos para tener en cuenta. En octubre último, antes de las elecciones presidenciales argentinas, la Casa Rosada expresó su disposición para contener y limitar la metodología de los asambleístas y determinar que la Prefectura Naval actuara disuasivamente. La Prefectura así lo hizo, y ello no suscitó ni facilitó condenables acciones de fuerza directa. Luego, en Nueva York, el presidente Néstor Kirchner formuló una declaración categórica: Botnia estaba en Fray Bentos para quedarse. Los asambleístas reaccionaron y criticaron a la candidata del Frente para la Victoria. Pero dado que los otros candidatos nacionales también condenaban los cortes, la Asamblea resolvió extender a ellos también su boicot. No obstante, Cristina Fernández se impuso en Gualeguaychú con el 37,55% de los votos. El voto castigo no superó allí el 5% y fue insignificante en el resto de Entre Ríos. Una vez elegida, Cristina Fernández fue clara: si Botnia no contamina, habrá que aceptarla.

Cualquiera que sea el juicio que se tenga sobre la incidencia de los asambleístas en el problema, es evidente que ya no disfrutan del poder de veto facilitado por las equivocadas decisiones del gobierno argentino, fundadas en una hipotética prudencia o en un crudo oportunismo. Desde abril de 2005, la capacidad de acción de ambos gobiernos para ofrecer soluciones al problema en arreglo al mejor interés de uruguayos y argentinos nunca había sido tan amplia. Sin embargo, los ánimos se encresparon al calor de un acontecimiento tan puntual como poco sorpresivo: la puesta en funcionamiento de la pastera finlandesa. A pesar de ello, el actual contexto político exhibe como rasgo principal la conjunción entre el mayor margen de maniobra surgido de una nueva gestión presidencial y una manifiesta declinación del poder de veto o de amenaza de movilización vecinal.

Algunos asambleístas, conscientes de la oportunidad de que gozan los gobiernos y de la encrucijada en la que se encuentran, pueden concebir la idea de una fuga hacia delante, estimulando la aparición, no necesariamente de un mártir, pero sí de la dosis de represión directa que altere la índole del conflicto. Organizar una línea de acción que incluya la necesidad de sortear este peligro es crucial. La obligación del Estado es proporcionar un puente de plata que rompa las inercias existentes y asuma una iniciativa política y diplomática prudente y consistente.

La construcción de ese puente de plata exige trascender el foco ambiental como un asunto estrictamente local y coyuntural. Es central que la Argentina y Uruguay recuperen el pleno control de sus relaciones exteriores a través de sus gobiernos democráticamente elegidos, cerrando el paso a presiones corporativas que siguen complicando la posibilidad de que ambas naciones se entiendan.

Vale la pena pensar el conflicto en el contexto más amplio de la integración. De cara al futuro, la Argentina tiene más responsabilidad, por varias razones; no solamente por tamaño y diferencial de poder relativo en relación con Uruguay, sino también porque aspira a una responsabilidad de protagonismo regional que exige un precio. La Argentina suele quejarse de Brasil porque pretende asumir un liderazgo sudamericano, pero no parece demasiado dispuesta a asumir los costos que son inherentes a ese liderazgo.

¿Cuáles son los costos que la propia Argentina estaría dispuesta a solventar si pretende un papel clave en el proceso de estabilización e integración regional? Creer que ese papel podrá afirmarse a fuerza de imposiciones es, antes que malo o bueno, redondamente irrealista.

Por eso, pensamos que se puede avanzar sobre la base de ciertas nociones.

La Argentina confía en que, en vista de todos los elementos de juicio serios de que se dispone, la planta de Botnia operará con las mejores tecnologías medioambientales disponibles actualmente en el mundo. Ambos países dan fe, de manera conjunta, de que la vigencia de este precepto reposa taxativamente en que haya activos y permanentes controles sobre la operación de la planta.

La Argentina acepta y promueve, a partir de los compromisos medioambientales fijados, la institucionalización de un monitoreo conjunto, que debe realizarse en el más riguroso nivel de competencia técnica y científica, con participación no sólo estatal sino también de la sociedad civil de ambos países.

Es preciso ubicar el foco ambiental de este conflicto en su condición de cuestión regional-global. En este sentido, la Argentina y Uruguay deberían emprender de manera asociada, en el marco del Mercosur, un esfuerzo para asegurar la sostenibilidad productiva y ambiental de los sectores forestal y papelero, estipulando normas claras y tiempos de adopción, por parte de los productores rezagados, de las mejores tecnologías disponibles.

Ambos gobiernos invitarán al resto de los países del Cono Sur y a sus sectores empresariales forestales y papeleros con actitud inversora a que fijen políticas orientadas a crear un polo de desarrollo que optimice la rentabilidad, la innovación y las inversiones, pero que, a la vez, reduzca al mínimo posible consecuencias ambientales adversas.

Nuestra propuesta apunta a la recreación de ámbitos políticos y diplomáticos de colaboración, convergencia y concordancia. ¿Por qué no convocar, a la usanza de otros países que han vivido situaciones traumáticas o crisis de envergadura, a un grupo de reflexión que evalúe qué pasó y en qué fracasamos ambos países?

Nos abstenemos de juzgar hoy el pasado, pero sugerimos que se lleve a cabo un proceso para aprender algo de este equívoco. Si subrayamos la responsabilidad de los asambleístas, hay responsabilidades del Estado y de otras fuerzas que también deben puntualizarse, pero en la Argentina el electorado no le ha conferido al nuevo gobierno el mandato de confrontar con Uruguay, sino el de buscar soluciones justas.

Es esencial ingresar en una etapa de diplomacia en el más clásico estilo, o sea, con continencia ante los micrófonos y mucho trabajo hacia adentro. No habrá solución alguna si los funcionarios de alto rango siguen filtrando información y usando los medios con expresiones desmesuradas e inconvenientes. Un pacto de discreción durante el primer semestre de 2008 sería muy propicio.

Ambos gobiernos, entretanto, podrían adoptar un sistema de comunicados conjuntos a la opinión pública de ambos países sobre la evolución del diferendo, las posiciones de las partes, los puntos mínimos de convergencia, el estado del fallo de La Haya, entre otros. Las dos partes pueden explicitar sus consensos y disensos de forma clara y conjunta. Ello no afecta las posturas de la Argentina y Uruguay; sin embargo, sería una señal de madurez que, muy seguramente, será apreciada por parte de la comunidad internacional. Al mismo tiempo, sería positivo identificar dos grandes proyectos ambientales prioritarios para una década y comprometerse a su desarrollo efectivo.

Por último, creemos que este tema no es sólo una cuestión bilateral. Su superación deberá servir para pautar la acción futura de todas las partes involucradas, incluyendo los gobiernos, los organismos internacionales de crédito y los inversionistas privados, evitando construir atajos que proporcionan beneficios de corto plazo y elevados perjuicios en el largo, o favorecen intereses sectoriales en desmedro de los colectivos.

Hay que llegar a la decisión final de La Haya en las mejores condiciones. La Argentina ha considerado que ése es el ámbito correcto, de modo que debe facilitar el camino que lleve a su conclusión justa. Lo contrario afectará nuestra ya disminuida credibilidad mundial tanto ante la opinión regional como ante la misma Corte.

Salvo las aventuras militares de triste memoria, nuestras mejores y más honrosas tradiciones nos hablan de un país comprometido siempre con la paz, la ley y la armonía en las relaciones internacionales.

Mañana seguramente lo de Botnia será una página oscura y poco atractiva de nuestra historia. Sería enriquecedor aprender de este desafortunado enfrentamiento entre la Argentina y Uruguay. Hoy, lo que se impone es la inteligencia política, la concordia de los espíritus y la conciencia firme de que la Argentina tiene elevadas responsabilidades a las que no debería renunciar.