- FORTALEZA -

Fortalecer la República




Gustavo C. R. Vera
Para LA NACION
Noticias de Opinión


"Ningún pueblo de la tierra ha gozado de libertad, mientras no ha tenido asegurada su justicia"

Joaquín V. González

La Argentina ha sido una república de a ratos. La división de poderes, principio básico de todo gobierno republicano, ha sido violada en distintas oportunidades a lo largo de la historia de los argentinos. En determinados períodos de esa historia, los gobiernos antidemocráticos y autoritarios (revoluciones de 1930 y de 1943, Revolución Libertadora, Revolución Argentina, Proceso de Reorganización Nacional) eliminaron esa división de poderes, arrogándose el ejercicio unificado de las tres funciones del Estado -legislativa, ejecutiva y judicial- por medio de aquellos dictadores que asumieron la suma del poder público.

Pero aun durante los períodos de gobiernos democráticos aparecen tensiones -y tentaciones- que, si bien no implican la concentración de esas funciones en una sola mano, tienden al debilitamiento de alguno de los poderes del Estado.

Así, la realidad política de alguno de esos gobiernos democráticos nos demuestra que, en distintas ocasiones, los poderes ejecutivos se arrogan -o intentan arrogarse- funciones que, de acuerdo con la teoría constitucional, le son ajenas por ser propias de otros poderes del Estado. En algunos casos ejercen esas funciones "ajenas" de hecho y en otros favorecidos por la propia legislación constitucional (como en el caso de los decretos de necesidad y urgencia y el viejo código de justicia militar).

Pero en otros supuestos, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo debilitan, a veces sin intención y otras intencionadamente, a aquel de los tres poderes del Estado que ya se presenta ab initio como el más débil, el Poder Judicial (por ejemplo, cuando se debate el presupuesto y se retacean partidas necesarias para el buen funcionamiento de la actividad judicial, o cuando se somete la designación de magistrados a discusiones ajenas al principio de idoneidad, entre otras).

Con el paso de los años, desde la restauración democrática de 1983 ha habido importantes logros en materia judicial (tal el caso de la designación de los actuales ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o los juicios por los delitos cometidos durante la dictadura, por citar algunos ejemplos emblemáticos) como también hubo fracasos estruendosos (como la falta de resultados concretos en la investigación de actos de terrorismo, como los perpetrados contra la embajada de Israel y la AMIA, o la Corte de mayoría automática).

Pero, además de esos casos emblemáticos, la Justicia en la Argentina se enfrenta a una problemática situación que parece agravarse con el paso del tiempo. Días atrás, jueces de todo el país protestaron por la actual crisis del poder judicial. Crisis esta que es consecuencia necesaria de una multiplicidad de causas que son, a su vez, consecuencia de la ausencia de políticas adecuadas en la materia.

Entre otras cosas, la Justicia de nuestro país requiere: a) un presupuesto acorde y ajustado a sus reales necesidades; b) profundizar su autarquía; c) una adecuada reforma legislativa; d) un adecuado número de unidades jurisdiccionales; e) una adecuada administración de las agencias judiciales mediante la implementación de modernos sistemas y programas de gestión; f) una adecuada infraestructura edilicia; g) modernización tecnológica; h) profundizar el uso de medios alternativos de resolución de conflictos; i) una adecuada interrelación con los otros poderes del Estado.

Se podría decir entonces, y a modo de resumen, que la falta de respuestas del Estado a las necesidades del Poder Judicial trae consigo el debilitamiento de la estructura de la justicia argentina.

A la debilidad de origen del Poder Judicial, que tiene que ver con los sistemas de designación de magistrados, se suma esta debilidad sobreviniente, producto de desacertadas políticas en la materia, y que atenta sin duda contra la independencia de ese poder. Independencia que debemos reclamar y defender.

Pero el Estado, además de fortalecer la administración de justicia con políticas que aseguren su independencia, debe preservar a los jueces de los distintos ataques a su independencia -expresos o subrepticios-, que provienen de distintos sectores (políticos, económicos, corporativos, entre otros), pretendiendo de ese modo torcer su brazo para obtener decisiones que les sean favorables.

La sociedad, a su vez, debe adoptar conductas de madurez republicana a la hora de enfrentar las decisiones judiciales adversas, tanto en el caso de que hayan sido dictadas conforme a la ley como cuando hayan sido el producto de actos de corrupción, de mal desempeño o de falta de idoneidad para el cargo.

En el primero de los supuestos, cuando la resolución judicial se adoptó conforme al ordenamiento normativo, la forma de oponerse a la misma se encuentra en la propia legislación, desde la Constitución Nacional hasta los códigos de procedimientos, pasando por la legislación de fondo. En la ley se encuentran los recursos procesales adecuados, que garantizan el debido proceso y aseguran la debida defensa en juicio del justiciable. Sólo debemos estar dispuestos y capacitados para utilizarlos.

En el segundo caso, cuando la sentencia del juez está viciada por corrupción o es el producto del mal desempeño del juez o de su falta de idoneidad, existen, entre las instituciones del Estado, los remedios adecuados para sancionar y hasta para destituir a ese juez que no está a la altura de la alta dignidad que representa, tales como el juicio político o el jury de enjuiciamiento. Tanto el juez corrupto como el idóneo deben ser separados de su cargo porque de otro modo se lesiona seriamente a la Justicia.

Pero todo dentro de la ley, nada al margen de ella.

Ello implica una revalorización de la norma jurídica. Si se revaloriza la norma jurídica, sobre todo en una época en que parece campear la anomia, se fortalecerá al Poder Judicial y las instituciones del Estado.

El necesario respeto a la Constitución y a las leyes fortalecerá la República, asegurando la democracia. La Argentina, entonces, será una República con mayúscula, noble garantía de libertad e igualdad para todos.

El autor es abogado. Fue presidente del Consejo de la Magistratura; subsecretario de Justicia y Culto de Santa Fe y secretario del Colegio de Abogados de Rosario.