- PRENSA -

Un desafío para la libertad de prensa


Mary Anastasia O'Grady
The Wall Street Journal
Noticias de Opinión


Tras el colapso económico argentino de 2001-2002, el Congreso le otorgó al Poder Ejecutivo inmensos poderes, aduciendo que las circunstancias requerían medidas extraordinarias. Siete años después, tales facultades siguen vigentes y el Estado domina la economía como dueño y regulador.

La Argentina ahora enfrenta la amenaza de una mayor consolidación del control ejercido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de medios similares a los empleados por Hugo Chávez. Al igual que en Venezuela, la libertad de expresión y la libertad de prensa son blancos de una mayor represión.

Que esto sirva de lección a cualquier democracia que conceda grandes poderes al gobierno en tiempos de crisis: darle facultades extraordinarias al Ejecutivo es fácil; recuperarlas no lo es.

Las elecciones legislativas tendrán lugar el 28 de junio y las encuestas sugieren que los argentinos son cada vez más recelosos de sus líderes. Se espera que el ala kirchnerista del peronismo, el Frente para la Victoria, sea derrotada. Si esto ocurre, la Presidenta y su esposo, Néstor Kirchner, que la precedió en el cargo y que, probablemente, aún está moviendo los hilos políticos tras bastidores, tendrán que enfrentarse a un Parlamento menos maleable.

Estas serían buenas noticias para el país. Con el autoritarismo de los Kirchner, la Argentina ha pasado del capitalismo democrático, por débil que haya sido, a un sistema controlado por el Estado, cada vez más represivo y aislado. Los derechos de protección a la propiedad han sido eviscerados. Los empresarios han sido forzados a guardar silencio, con amenazas de investigaciones impositivas y hostigamiento regulatorio. Matones respaldados por el Gobierno atacan empresas que se resisten a la agenda de la presidencia. Los adversarios de Kirchner lo describen como a un Vladimir Putin, pero sin su encanto.

Claramente, gran parte del país está hasta la coronilla del kirchnerismo. Las promesas de prosperidad no se han materializado. Los agropecuarios se oponen a los impuestos a las exportaciones. La Presidenta ha irritado aún más a los electores de la clase media, al confiscar las cuentas de jubilaciones privadas y subir los impuestos a la propiedad inmobiliaria. Ahora quiere aumentar el impuesto sobre las ventas. Todo esto sucede en recesión, mientras los economistas privados estiman que la inflación está por encima del 18 por ciento.

Incluso si Kirchner perdiera su mayoría en el Congreso, aún quedarían riesgos contra la libertad. Gracias a la decisión del Gobierno de adelantar las elecciones, el nuevo Congreso no asumirá hasta dentro de ocho meses, lo que le da a la pareja presidencial una amplia oportunidad para acrecentar su poder. Una población informada, por supuesto, resistiría nuevas medidas antidemocráticas, razón por la cual los Kirchner están intensificando sus esfuerzos para amordazar a la prensa.

Desde sus primeros días como presidente, Kirchner intentó silenciar a los medios críticos. Utilizó el presupuesto de publicidad gubernamental para recompensar a quienes lo apoyaban y matar de hambre a los que se atrevían a imprimir críticas. Fue una herramienta efectiva en una economía conectada a un respirador artificial, en la que la publicidad se había evaporado.

A medida que se recuperaba la economía, esta estrategia comenzó a costar más. En 2008, el Gobierno gastó US$ 100 millones en publicidad en los medios, ocho veces más que en 2003. El Gobierno canaliza sus avisos hacia los medios según sea favorable a él la línea editorial.

Sin embargo, las voces independientes se mantienen, como la del influyente diario LA NACION. Sus críticas, obviamente, les acarrean problemas a los Kirchner. De modo que el Gobierno ha desenfundado el martillo. El director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ha presentado dos demandas criminales contra Bartolomé Mitre, director del diario, y Julio Saguier, presidente de la corporación dueña del matutino.

Son acusados de calumnias por publicar dos editoriales que cuestionan las actividades políticas de la agencia de inteligencia y de su director.

De alguna forma, ambos casos han terminado en manos del mismo juez ?aunque las posibilidades de que esto ocurriera deberían haber sido remotas?, y éste ha permitido que las causas avanzaran, aunque la Corte Suprema dictaminó el año último que las críticas a los funcionarios públicos no pueden motivar acciones civiles o criminales. Algunos se han preguntado si es posible obtener un juicio justo. Si son encontrados culpables, los acusados podrían ser sentenciados a tres años de prisión.

El Gobierno también ha elaborado un proyecto de ley de radiodifusión que, si se aprueba, con seguridad parece destinado a aplastar la libertad de los medios. La legislación reservaría sólo un tercio del espectro de radiodifusión para el sector privado; un tercio sería para emisiones de medios estatales, y el tercio restante sería para organizaciones no gubernamentales elegidas por el Estado. No está claro cómo se otorgarían las licencias, pero sólo durarían diez años y podrían ser renovadas una vez. Muchas empresas de medios que operan actualmente no serían elegibles para competir. La ley no hace mención alguna a la libertad de prensa y los funcionarios no han solicitado las opiniones del sector.

Los argentinos deberían recordar que la supervivencia de la República requiere un cuarto poder fuerte. La supervivencia del régimen Kirchner requiere lo opuesto. En los próximos meses, uno se impondrá.

La autora es editora de la Columna de las Américas de The Wall Street Journal.