- ESA PRENSA -

¿Modelo Rudy?


Por Jorge Fontevecchia



Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Buena oportunidad para repasar cómo evoluciona la decisión del Gobierno de reformar la Ley de Radiodifusión, que por sus consecuencias también sería de telecomunicaciones y prensa. Se ha abierto una caja de Pandora.

Excepto Clarín y un puñado de multimedios del interior con posiciones dominantes en algunas regiones, la enorme mayoría de los medios, todos los periodistas, los anunciantes, los políticos de partidos con disímiles ideologías y los jueces confiesan en privado que la situación actual tiene una serie de inequidades, pero nadie se siente cómodo a la hora de expresarlas públicamente.

Los legisladores de los partidos no oficialistas están desconcertados. Recorren las cámaras que aglutinan a los diferentes medios de comunicación, visitan a las principales empresas del sector, se entrevistan con los periodistas más respetados, pero no logran llevarse propuestas o recomendaciones concretas que los ayuden a elaborar un proyecto alternativo al que el Gobierno termine presentando. Descubren que el intrincado entramado de relaciones, dependencias, alineación y desalineación de intereses, inmoviliza. Pero no sólo hay aprensión a generar conflictos con colegas, socios o empleadores. La complejidad del tema, los continuos cambios tecnológicos y la falta de seguridad jurídica generan desconfianza y el temor a que buscando lo mejor se llegue a lo peor.

Un ejemplo de lo difícil que es el tema es la ley promulgada en 2002 prohibiendo una participación extranjera mayor al 30% en los medios. Tres casos recientes demuestran cómo las buenas intenciones de los legisladores en pocos años terminaron siendo superadas por la realidad: el 100% de las acciones de Radio Continental, Canal 9 y Editorial Atlántida fue vendido a extranjeros.

La limitación a la participación del capital extranjero en los medios ayudó durante la última crisis, pero también es cierto que genera concentración en los medios nacionales (hace años, una ley similar en Brasil y México creó los fenómenos de Globo y Televisa).

Si la pluralidad estuviera amenazada por la existencia de un gran grupo multimedia, como denuncian los partidarios del Gobierno cuando dicen que “Clarín es una pistola que apunta en la cabeza la democracia” y los medios nacionales no pudieran competirle porque ese grupo multimedia fuese mayor que ellos, el ingreso de empresas extranjeras de medios, aumentando las alternativas disponibles, podría no ser algo negativo para la democracia.

Los legisladores argentinos, y este gobierno en particular, tienen la tendencia a resolver los problemas de a uno, careciendo muchas veces de una visión global.
Si se modificara la Ley de Radiodifusión, como supuestamente es la aspiración de máxima del oficialismo, prohibiendo a los medios gráficos participar en los audiovisuales y a estos últimos en los primeros, prohibiendo a los proveedores de acceso generar contenidos, y a los medios dedicarse a otro tipo de empresas que no sean las de comunicación, en esa hipótesis difícil de imaginar, ¿qué empresas de comunicación nacionales tendrían los recursos económicos para adquirir todos los medios audiovisuales o todos los medios gráficos de Clarín?

Un cambio tan significativo en el mapa de medios, para ser practicable, probablemente precisaría rever la limitación de un máximo de 30% de participación extranjera en los medios de comunicación, salvo que tras la excusa de democratizar la comunicación sólo se busque pasar a una fase degradada del capitalismo de amigos, en el que, con el fin de crear una nueva burguesía nacional, personas como Rudy Ulloa terminen al frente de los medios de mayor audiencia de la Argentina.
Los medios de comunicación, para producir con calidad, como en cualquier otra actividad, necesitan de organizaciones profesionales.

En el debate abierto por el Gobierno, varias veces se apeló a ejemplos europeos como el de Italia, donde un diario no puede tener una licencia de televisión en la misma zona. Quizá los legisladores deban prestar atención a que las televisoras italianas tienen la mayor parte de las acciones de los principales canales de TV de España, o a que las editoriales alemanas son propietarias de grandes publicaciones en Italia.
Hay dos temas sobre los que sí se podría legislar sin temor a cometer errores y el remedio termine siendo peor que la enfermedad. Una ley que reglamente el acceso a la información oficial, obligue a los gobiernos a realizar conferencias de prensa y limite su discrecionalidad a la hora de anunciar actos relevantes de la administración, como por ejemplo el anuncio del aumento de las jubilaciones en un solo medio. Y una ley que prohíba la discriminación con la publicidad oficial, obligando al Estado a seguir criterios de racionalidad para la compra de esos avisos.

Sobre ambas hay varios proyectos en el Congreso.

Si el Gobierno realmente desea democratizar y su preocupación sobre los medios es genuina, rápidamente podría mejorar la calidad institucional permitiendo que sus legisladores avancen sobre estas dos deudas que el propio oficialismo tiene con la pluralidad.