- MUNDO HAMBRE -

Un pacto contra el hambre


Por Angel Gurría
Para LA NACION



En todo el mundo, los gobiernos afrontan economías cada vez más débiles y una suba desmesurada de los precios de los alimentos. En medio de tanta desesperación, podrían dar un paso útil, importante e inmediato: concertar un nuevo acuerdo comercial multilateral.

Una mayor libertad para comerciar bienes y servicios puede inyectar un fuerte tónico a la economía mundial, al incrementar la innovación y la productividad. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la sola reducción del 50 por ciento en ciertos sostenes de la agricultura y las manufacturas que distorsionan el comercio (aranceles aduaneros, etcétera) redituarían una ganancia anual estimada en 44.000 millones de dólares que se reflejaría en el bienestar mundial. Con una liberalización absoluta de los aranceles aduaneros, los países en desarrollo, en particular, aumentarían su PBI per cápita en un dos por ciento anual.

Sin embargo, los gobiernos todavía vacilan por diversas razones, todas erradas. Su demora en liberalizar más el comercio quitará a centenares de millones de personas la oportunidad de construir una vida mejor.

Seis décadas de liberalización multilateral y progresiva bajo el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y, luego, la Organización Mundial del Comercio han traído beneficios considerables. En los 20 años que lleva la OCDE implantando cuidadosamente políticas agrícolas supervisadas en países desarrollados, las tasas nominales de protección de los precios agrícolas se han reducido a menos de la mitad.

El tráfico mundial de mercancías ha multiplicado 27 veces su volumen de 1950. En cambio, la producción mundial apenas si ha octuplicado su valor en el mismo lapso. En los países desarrollados, los aranceles aduaneros industriales han caído, en promedio, de un 40 por ciento (1950) a menos de un cuatro por ciento.

Empero, todavía queda más por hacer. Las restricciones a la producción y a la exportación agrícolas están exacerbando la actual crisis alimentaria. Con los precios de las commodities agrícolas más altos que nunca, tenemos una oportunidad única -en los países desarrollados o en desarrollo- para reducir los sostenes agrarios que distorsionan el comercio, abrir los mercados agrícolas y liberar más la capacidad productiva.

Este, y no el proteccionismo, es el modo de abordar la escalada de los alimentos y el bajón de las economías. Los embargos y las restricciones a las exportaciones quizás alivien por un tiempo la situación de los consumidores en determinado país. Pero disuadirán a los agricultores de responder a los mayores precios mundiales produciendo más alimentos. De manera similar, proteger al agricultor con aranceles aduaneros y otras trabas fronterizas significa mayores precios para los consumidores y menores oportunidades para los proveedores extranjeros competitivos. Al aislar a los productores agrícolas de las fluctuaciones de los precios internacionales, se afecta su capacidad de ajuste a las exigencias cambiantes del mercado. A su vez, esto agrava la volatilidad de los precios globales.

Un viejo adagio comercial dice: "La mejor cura para los precios altos son los precios altos". El encarecimiento del petróleo nos incita a explorar y explotar recursos hasta ahora marginales, a esforzarnos más por desarrollar fuentes de energía alternativas. Cabe esperar que el de las commodities redundará en una mayor oferta, en tanto y en cuanto los gobiernos permitan que la suba de precios se traslade a los agricultores.

Desde luego, las cosechas no aumentan de la noche a la mañana. Los gobiernos pueden prestar ayuda humanitaria a los millones y millones de personas castigadas, en el mundo entero, por el alza de precios y la escasez de los alimentos.

Pero también deberían examinar rigurosamente otras políticas que perjudican la provisión de alimentos, por ejemplo aquellas que han contribuido a elevar la demanda de biocombustibles. Según el análisis de la OCDE, la producción de biocombustibles, basada en tecnologías de primera generación que utilizan las existencias de agroalimentos de primera necesidad, no brindará la seguridad energética ni los beneficios ambientales y económicos pronosticados.

Hay otras formas de reducir la demanda de energía y las emisiones de gases causantes del efecto invernadero. Podemos producir biocombustibles con nuevas tecnologías de segunda generación que no dependan de los agroalimentos. Y podemos liberar más el comercio de dichos combustibles. Estas tres políticas combinadas podrían ofrecer mayores beneficios, sin repercutir sobre los precios de los alimentos (me refiero al impacto involuntario). Paralelamente, es preciso fomentar el crecimiento y el desarrollo de los países más pobres. El análisis de la OCDE demuestra la importancia de las inversiones agrícolas -entre otras, en investigación, educación y obtención de nuevas tierras productivas- en la reducción de la pobreza y el estímulo de la actividad económica.

Otro paso no menos necesario es mejorar el entorno agrícola perfeccionando los sistemas de gobierno, las políticas macroeconómicas, la infraestructura, la tecnología, la educación y la salud. El método a seguir deberá basarse en la capacidad y en el potencial de cada país.

Esto nos remite a la Ronda de Doha. Las negociaciones de la OMC abarcan todos los bienes y servicios y un sinnúmero de asuntos conexos. Un acuerdo inmediato proporcionaría el respaldo que tanto necesita el sistema de comercio multinacional ajustado a reglas. Demostraría el perseverante compromiso internacional en materia de comercio y desarrollo. Sostendría un enfoque del gobierno global fundado en reglas establecidas de consumo y en una acción concertada.

Por sobre todo, un nuevo acuerdo comercial traería beneficios económicos de gran alcance y magnitud. Si acaso algunos lo consideraron equivocadamente un lujo superfluo, en las sombrías circunstancias actuales ha dejado de serlo. Hoy es una cuestión de verdadera urgencia.

(Traducción de Zoraida J. Valcárcel)
Angel Gurría es secretario general de la OCDE.