- LAS DROGAS -

Una despenalización exigente



Por Juan Gabriel Tokatlian
Para LA NACION



El tema de las drogas ilícitas es un asunto paradójico. Siendo una cuestión íntimamente vinculada con un contexto social, legal, político, económico e internacional más amplio y dinámico -tal como la predisposición a su uso, el ámbito de su consumo, la particular situación de la juventud, las formas de ilegalidad, las ambigüedades de la sociedad, los condicionantes culturales, la fragilidad estatal, los incentivos del mercado, los intereses creados para su reproducción, las facilidades financieras para su despliegue, la porosidad de las fronteras, entre muchos otros- es llamativa la ausencia de buenos estudios comparados y profundos sobre ese telón de fondo, sus nexos y alcance.

A pesar de ser un asunto de gran trascendencia pública doméstica y de efectos globales notorios, la información al respecto es pobre y las metodologías de medición son dudosas; lo que no inhibe a los gobiernos a adoptar políticas públicas en esta materia, como si realmente conocieran en plenitud el tema.

Si bien una gran parte del conocimiento hoy disponible confirma una y otra vez que la estrategia coercitiva frente al fenómeno de las drogas es equívoca, nada parece modificar el extensamente difundido talante prohibicionista ni propiciar una racionalidad distinta de la "guerra contra las drogas".

Si el objetivo central de la prohibición es lograr la abstinencia frente a determinadas sustancias psicoactivas declaradas ilegales y así crear una sociedad libre de drogas, esa meta ha sido, es y será quimérica.

La "guerra contra las drogas", entendida como una cruzada básicamente cultural, con particular énfasis sobre los eslabones más débiles de la compleja cadena trasnacional del lucrativo negocio de los narcóticos, ha sido un rotundo fracaso, tanto en los países periféricos como en los centrales, y en los polos de más demanda como en los de mayor oferta.

En este sentido, la decisión del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de elaborar una ley orientada a despenalizar el consumo personal de las drogas ilícitas parece acertada. Es un paso importante para limitar el prohibicionismo y eludir una infructuosa guerra antinarcóticos.

Con base en nuevos estudios y encuestas, y tomando en consideración avances internacionales en este frente, el Ministerio de Justicia ha liderado la presentación de argumentos a favor de dicha legislación.

Ahora bien, este asunto demanda algunas precisiones conceptuales y prácticas. Por ejemplo, por lo general se asocian erróneamente, como semejantes, la de-criminalización, la legalización y la despenalización.

La de-criminalización puede ser de jure o de facto : en el primer caso, no se modifica una legislación existente, que persigue el uso de drogas, pero las autoridades no la aplican; en el segundo, tampoco se altera la normatividad punitiva vigente, pero las autoridades la implementan de modo menos riguroso.

La legalización puede concebirse de dos modos: una liberalización plena de las drogas regulada muy específicamente por parte del Estado o una de tipo competitivo librada al libre mercado.

La despenalización apunta a modificar alguna legislación en materia de drogas, como el consumo de la dosis personal de ciertas o todas las sustancias psicoactivas ilícitas, manteniendo un derecho penal severo para otros comportamientos ligados el emporio de las drogas, como el tráfico, la asociación para el crimen organizado, el lavado de activos, etc.

El caso argentino se limitaría a despenalizar un solo aspecto vinculado con el uso de los narcóticos, y dedicar más esfuerzos a frenar y disminuir la influencia social, el poder económico y la capacidad política de los grandes capos y sus redes internacionales.

Por otro lado, una política de despenalización debe esclarecer los recursos, los programas y las tácticas destinadas a reducir y controlar el fenómeno de las drogas. Si se pretende despenalizar el consumo de drogas se debe asegurar un presupuesto pertinente para educación, salud y otros ámbitos de la política pública.

Habrá que estar dispuestos a incrementar y cualificar las inversiones sanitarias para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de los consumidores. Se deberían elevar los montos destinados a la educación de los jóvenes, para inducir hacia el futuro una baja en el consumo y un menor abuso de las drogas. Así, también, los adolescentes, las mujeres y otros grupos vulnerables deberían ser objeto de iniciativas focalizadas de inserción laboral, de recreación deportiva, de provisión de ciertos insumos para un uso menos nocivo de las drogas, etc. Habría que aumentar los estudios científicos para conocer más los comportamientos adictivos, sus orígenes y secuelas.

Y si, por otro lado, se pretende generar más recursos humanos y materiales para combatir la criminalidad organizada, las transacciones financieras de los grandes traficantes y otros núcleos más peligrosos del emporio del narcotráfico, sería esencial saber cuánto se dedicará a mejorar las unidades de investigación correspondientes, a crear cárceles de máxima seguridad, a dotarse de mecanismos de inteligencia más sofisticados, a controlar de manera más profesional las fronteras y los medios por medio de los cuales ingresan las drogas, entre otros.

En breve, la única opción creíble y legítima de una decisión a favor de despenalizar las drogas es una despenalización exigente. No se podría tratar de una moda circunstancial, de una estrategia improvisada, de un mecanismo camuflado para debilitar aún más un Estado que ha sido incompetente y laxo ante el crecimiento interno del narcotráfico trasnacional.

Se debería tratar, por el contrario, de dotar al Estado de una política alternativa basada en un paradigma alterno que le otorgue más eficacia y fortaleza en la superación de un problema que no es viable erradicar completamente, sino apenas una contención lúcida y prudente hasta que la comunidad internacional reconozca que se debe abandonar la prohibición y la cruzada antinarcóticos que la subyace.

El autor es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés.