- ACUERDO -

El turno del Congreso

Un nuevo acuerdo por el bien de la Nación


Marcos Aguinis
Para LA NACION
Caricatura: Alfredo Sabat


Se insiste con fundamento en que la Argentina ha malogrado brillantes oportunidades. La decadencia que padecemos no es por culpa del "otro" ni por la "mala suerte", sino por haber elegido las rutas del abismo. Cuando íbamos transformando nuestro país vacío y desierto en uno ejemplar, con riquezas en crecimiento, instituciones cada vez más sólidas, alto nivel educativo y valores ciudadanos en alza, perdimos el rumbo, violamos la Constitución y nos instalamos en un nefasto tobogán ondulante. Lo llamo así, porque el tobogán va siempre hacia abajo, pero en nuestra historia hubo algunos breves momentos de ascenso que nos ocupamos en ponerles rápido fin, con un entusiasmo que llena de vergüenza.

En contraste con la segunda mitad del siglo XIX, cuyos protagonistas, pese a diferencias y errores, empujaron hacia la consolidación de una república representativa y federal, ahora casi no tenemos república, es poco representativa y de federal sólo le quedan algunas formalidades.

En vez de consolidar los pilares de la ley, la confianza y el respeto, se los gangrena sin cesar. Somos una colmena empeñada en producir hiel en lugar de miel, con multiplicación incesante del delito, la anomia y el rencor. En el alma nacional aún vibra, sin embargo, el recuerdo de lo que fuimos y lo que pudimos ser, en contraste horrible con lo que ahora somos. Por eso, quizá, reinan el nerviosismo y la furia.

La gente no se siente representada. Aquellas propuestas delirantes de "democracia directa" según el modelo de la Grecia antigua, que fueron voceadas en 2002 junto con la consigna de "que se vayan todos", mantienen cierta vigencia. Es la democracia directa que ejercen los piquetes, por ejemplo. En vez de delegar sus reclamos en quienes deberían representarlos civilizada y enérgicamente en las instituciones de la República, los piqueteros se han acostumbrado a poner el cuerpo, empuñar palos y hasta taparse el rostro como si viviéramos en una tiranía sin derechos individuales.

Su efecto es siempre negativo: incrementa la anarquía, daña a gente inocente, atenta contra la productividad, cronifica la exclusión, quiebra los valores del trabajo y aumenta la miseria. Lo mismo sucedió con la gente del campo que, al no sentirse representada, tuvo que lanzarse a padecer el frío de las rutas.

Mientras, los "representantes del pueblo" legislan, votan y discursean de cara al trono y de espaldas a la gente. Les importa el trono, de donde se derrama el privilegio que llena sus bolsillos o les acaricia el ego, pero sobre todo garantiza que vuelvan a ser incorporados en las listas electorales. Se comportan igual que en los tiempos de la monarquía absolutista que reinó durante el largo período colonial. No se sienten obligados a rendir cuenta a quienes los votan, sino al mandamás que los inscribe en la lista, que los "designa". El "pone" al vicepresidente, como se ha jactado (¿y no a la misma presidenta?).

Esta caricatura del sistema republicano, donde cada uno de los tres poderes debería ser independiente, pero no lo es, impera en nuestro país desde hace tiempo. Aceptamos como un hecho normal que tanto el Congreso como la Justicia estén subordinados al Ejecutivo. El Congreso fue calificado de "escribanía", con perdón de los escribanos. Y la Justicia, de redil de corderos que espera ser degollado por un Consejo de la Magistratura que ha torcido su razón de ser y constituye una amenaza para los juces y fiscales valientes que desearían investigar en serio, sin escandalosas excepciones. Tampoco pueden cumplir su cometido los organismos de control, limitados a ser poco más que testigos de la corrupción que les llena los ojos de legaña sin siquiera tener un colirio a mano.

La Argentina padece algo peor que un enfrentamiento entre un oficialismo inescrupuloso y una oposición dividida. También está fragmentado el oficialismo, que revela un aumento de grietas en sus otrora disciplinadas formaciones. Y la oposición no sólo es un archipiélago, sino que tiene tapones en los oídos, el mismo defecto que le inculpa al oficialismo. Pero da la sensación de que se los ha empezado a sacar.

¿Qué pide la sociedad argentina? La sociedad, por el sendero del dolor y el desencanto, pide algo sencillo. Ha incorporado el aprendizaje que brindan los errores. Percibe que casi no tenemos república, que no es adecuadamente representativa y que de federal sólo le queda el nombre. Quiere de nuevo la Constitución. Esa Constitución cuyo Preámbulo convocante y sabio recitaba Alfonsín en su campaña y llevó hasta el éxtasis a multitudes irrepetibles. Ese Preámbulo es una síntesis perfecta. Y la Constitución tiene suficiente luz para guiarnos por el túnel del lúgubre presente. Las violaciones manifiestas y encubiertas, las deformaciones y burlas a su articulado llenaron de desconcierto a la sociedad. Ya no se trata de derecha o izquierda, de progresistas que son reaccionarios ni de conservadores que son progresistas. Se trata de dar paso a un formidable consenso nacional que pretende algo tan simple y maravilloso como volver a encarrilar el país por las vías que garantizaban su crecimiento sostenido en lo económico, político, educativo, sanitario y legal. Un país reconciliado y previsible.

Un siglo antes del fructífero Pacto de la Moncloa, la Argentina protagonizó otro, también estupendo: el Acuerdo de San Nicolás. En él se estipuló que los diputados participantes de la Convención Constituyente no serían impugnados por sus ideas, sino que todos los esfuerzos estarían dirigidos al bien de la Nación. Fue un avance generoso y patriótico, con la vista puesta en el futuro.

Necesitamos otro acuerdo tan excelso como el de San Nicolás: vasto, claro y motivador. Está al alcance de la mano. Consiste en formar un estupendo arco político que no sólo corrija las groserías del régimen K, sino que las supere con algunas pocas y decisivas medidas sobre las cuales la enorme mayoría del pueblo ya brinda su unanimidad. Podría convertirse en un épico cambio de tendencia, como fue la Constitución de 1853.

Frente a nosotros están las elecciones legislativas de 2009. Es una oportunidad excepcional. Sería un crimen perderla.

Su carácter de oportunidad casi milagrosa consiste en el hecho de tratarse, en efecto, de elecciones legislativas, no presidenciales. Por lo tanto, las figuras "presidenciables" deberían dar un paso al costado y esperar, o ser candidatos al Congreso. Ahora es el turno del Congreso, no de la presidencia; de un Congreso que llene sus bancas con auténticos "representantes del pueblo"; que deje de ser una institución de segundo orden, manipulable, indigna. Por el contrario, un Congreso vigoroso puede contribuir a poner otra vez de pie las maltratadas instituciones de la República; fijar límites a la voracidad del Ejecutivo; suprimir los poderes extraordinarios del jefe de Gabinete; nutrir los órganos de control; respaldar a los jueces y fiscales honestos y corajudos; perseguir la corrupción, y encarar una profunda reforma política que termine para siempre con las listas sábana.

Además, podría implementar enseguida una revolución tributaria que restablezca el federalismo. Porque la coparticipación -cínica e irreal- no debe seguir funcionando como hasta ahora, que es un grotesco siervo de la Kaja. Los impuestos deberían dejar su parte del león en los municipios, donde es más justo determinar su nivel y más fácil controlar su destino. Un porcentaje sería coparticipado a los gobiernos provinciales y las provincias coparticiparán también un porcentaje a la Nación para los gastos de defensa, diplomacia y ayuda verdadera a las regiones menos favorecidas. De esa forma, en lugar de gastar en boletos de ida y vuelta, la coparticipación tendría un solo viaje: el de ida. No existirá más la Kaja ni cualquier otro tipo de instrumento que someta y extorsione desde el trono a gobernadores, intendentes, legisladores, fiscales y punteros.

Para conseguir que se cumpla este sencillo programa y no se pierda la ocasión única del año próximo, urge que todas las denominaciones políticas que coinciden con este postulado firmen su histórico acuerdo. Ninguna denominación política está obligada a perder su individualidad. Pero la lista del consenso nacional debe ser única. Debe presentarse como la alternativa, como la esperanza, como la palanca de un cambio posible, acelerado, fructífero, y del cual deberá rendir cuenta a sus electores.

Esta lista única será el producto de elecciones abiertas, democráticas. Cada denominación pondrá a disposición de los ciudadanos sus mejores personalidades. No importará a qué partido antiguo o nuevo pertenezca. Sólo importarán sus cualidades individuales para esta misión transformadora. El que obtenga mayor número de votos irá en primer lugar, luego el segundo y así sucesivamente, hasta el último. De ese modo, se atenuará el crimen de no haberse realizado la prometida reforma política, pese a que fue anunciada con reiteración durante la campaña de 2003. Esta lista no será sábana, porque cada candidato habrá sido elegido por la gente. Tampoco habrá candidatos "puestos" por un dedo.

En caso de que no sea posible acercar todas las posiciones para construir este gran consenso nacional, lo menos que se puede exigir es que las autoridades partidarias permitan que el consenso se construya en cada provincia, por separado. Será más fácil que fraternicen representantes de fracciones rivales en el nivel provincial, cuando los jefes y presidenciables de nivel nacional apaguen por el momento sus "límites", fobias o ambiciones, por el bien de la patria.

El año próximo puede significar la bisagra que deje atrás un Congreso doblegable y lo convierta en el soporte más poderoso de una democracia bien parada sobre sus pies, con calidad institucional y seguridad jurídica. Entonces se podrán encarar con éxito los grandes temas de la pobreza, la inseguridad, la decadencia educativa, la falta de confianza por parte de los inversores, la corrupción desenfrenada, el abuso del poder y las políticas erráticas que han hecho decaer nuestro país al actual nivel de burla e irrelevancia.