- LA CORTE -

La Corte juega fuerte


El máximo tribunal mostró este año una clara decisión de poner en juego su poder. Fallos como el de la libertad sindical, intervenciones en el debate sobre la ley de imputabilidad o señalamientos para que se sanee el Riachuelo muestran un nuevo posicionamiento de los jueces

Por Laura Zommer
Noticias de Enfoques
La Nación
Foto: P. Ramírez / S. Nicastro


La conclusión no necesita matices: este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino en la escena política como nunca antes lo había hecho desde el retorno de la democracia, en 1983. Lo hizo tanto por medio de sus fallos como con oportunas declaraciones públicas de algunos de sus ministros. Y, en varias oportunidades, con puntos de vista o decisiones adversas a las prioridades o deseos de los otros poderes del Estado.

Sin ir más lejos, en momentos en que la participación de menores en hechos violentos recientes había reavivado los pedidos para bajar la edad de imputabilidad, Carmen Argibay y Carlos Fayt salieron en los últimos días a cuestionar ese reclamo y señalaron que, antes, debía atenderse la deuda social con la infancia y la juventud argentinas.

El mes pasado, en un fallo histórico, la Corte puso fin al monopolio sindical y provocó un tembladeral político en el seno del Gobierno.

¿Es bueno que la Corte tenga este rol? ¿Es que acaso llegó el momento, luego de 25 años de democracia ininterrumpida, de atenuar el hiperpresidencialismo argentino? ¿Es esto lo que debe esperarse de la cabeza de uno de los tres poderes del Estado o es sólo una tendencia pasajera?

El máximo tribunal se ocupó en 2008 de la mejora del medio ambiente, con una nueva decisión en favor del saneamiento del Riachuelo que empujó la salida del Gobierno de la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti. Ordenó la actualización de los haberes de todos los jubilados, una medida con fuerte impacto en la caja estatal. Señaló los límites del Congreso para desoír la voluntad popular de consagrar como diputado a Luis Abelardo Patti, un enemigo K acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Además, se pronunció sobre las garantías de las personas recluidas en institutos de menores, cárceles e instituciones de salud mental; la libertad de expresión; el acceso a la justicia y las vacantes en el Poder Judicial; la gravísima crisis sanitaria, económica y social que afecta en la provincia de Chaco a los pueblos originarios, en su mayoría tobas; el derecho de la comunidad indígena de Salta a que no se vendan sus tierras; la cobertura de prestaciones médicas por parte de obras sociales y prepagas, y el dramático caso de Romina Tejerina, al dejar firme su condena a 14 años de prisión.

Cuestiones sensibles

"Mediante sus sentencias, la Corte ha instalado una serie de temas en la agenda pública, acelerando o imponiendo el tratamiento de cuestiones que afectan a los derechos de la ciudadanía o que son de gran relevancia institucional. Por otro lado, en muchos casos sus sentencias fueron contrarias a las expectativas del Poder Ejecutivo (son los casos "Badaro" sobre jubilaciones, "Patti" sobre la supuesta "inhabilidad moral" de un diputado electo, "Rosza" sobre juzgados vacantes, y el reciente "ATE" sobre organización sindical libre). Esto es doblemente novedoso, pues muestra no sólo que el tribunal es proclive a involucrarse de manera oportuna en discusiones políticamente sensibles, sino también que tiene la voluntad y la capacidad de adoptar decisiones contrarias a las prioridades políticas de los otros poderes del Estado", dice Alvaro Herrero, director del Area de Justicia de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Herrrero estudia este asunto desde hace años. El tema de su tesis de doctorado en Oxford fue cómo la Corte Suprema argentina facilita u obstaculiza las preferencias políticas del Poder Ejecutivo. Para ello, analizó el período 1983-2005 y, en general, lo que encontró entonces es que las distintas composiciones de la Corte evitaron siempre obstaculizar los objetivos de las políticas del Ejecutivo en esos campos. Por eso él celebra especialmente este novedoso, aunque aún incipiente, cambio.

Para Víctor Abramovich, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, no hay duda de que el máximo tribunal de Justicia del país tiene y juega un nuevo papel en el sistema institucional argentino. "La Corte en su actual composición no sólo ha ido recuperando un rol institucional de contrapeso de los poderes políticos, sino que además ha fijado líneas de jurisprudencia mucho más liberales y garantistas que en su composición anterior -dice Abramovich-. Eso contribuye a fijar una serie de principios que influyen de diversas formas no sólo en la actividad del Estado sino también en la vida social".

La Corte Suprema es la instancia jurídica máxima en la Argentina, sin embargo, la gran mayoría de los habitantes desconoce en qué medida sus fallos inciden en su vida y cómo recurrir a la Justicia. Acercar esta información a la mayor cantidad posible de gente es lo que busca el libro La Corte y los Derechos , preparado por un equipo de la ADC y recientemente editado por Siglo XXI. El libro pretende difundir la labor del máximo tribunal con un lenguaje accesible para lectores no especializados, para que puedan conocer cuál es el alcance de las decisiones de la Corte; ejercer un control de legitimidad sobre ellas; y comprender cómo sus decisiones afectan los derechos de la ciudadanía en situaciones cotidianas.

Carlos Oteiza, presidente del Comité Ejecutivo del Foro de estudios sobre la administración de la Justicia (Fores), confirmó que la organización que dirige también considera que la Corte ha consolidado su liderazgo en el año 2008. "Por un lado, los ministros de la Corte han mostrado independencia en sus sentencias, y han defendido a la institución del ataque de otros poderes políticos. También tomaron contacto con el ciudadano a través de los medios de prensa, y esto es un avance significativo respecto de Cortes anteriores. Podría decirse que abrieron sus despachos, rompiendo una cultura de hermetismo bastante frecuente en el Poder Judicial."

Oteiza también destacó la iniciativa de las conferencias anuales de jueces, de donde surgen propuestas concretas para mejorar los tribunales y donde se fomenta el diálogo entre magistrados. Como asignaturas pendientes, Fores, subraya dos puntos: los problemas de gestión que tiene el Poder Judicial, en los que la Corte tiene aún mucho por mejorar, y la reducción de litigiosidad.

Desde la propia Corte, el ministro Eugenio Raúl Zaffaroni aporta su análisis sobre el funcionamiento del tribunal en 2008: "El reforzamiento institucional muchas veces se ha producido mediante exhortaciones e incluso emplazamientos dirigidos a los otros poderes del gobierno, lo que para los críticos implica una intromisión e incluso se ha sostenido que pretende marcarles la agenda. No obstante, si se observa más detenidamente la acción de la Corte, en general ha sido muy prudente y cuidadosa, porque nunca les indicó a los otros poderes la solución que debían adoptar en concreto, reconociendo de ese modo el espacio de discusión y decisión política propio de los otros poderes. Con extremo cuidado, la Corte se limitó a indicar que no se podía ignorar u omitir toda solución".

Tomar decisiones

Como advierte Zaffaroni, en 2008 y con menor intensidad también en los dos años anteriores, esta Corte señaló en varios fallos al Congreso y al gobierno (tanto nacional como a algunos provinciales) que tenían que tomar una decisión -como sancionar una ley o implementar una política o programa específico- para evitar que se perpetuara una violación de derechos de una persona o de un grupo de ellas, aunque no precisó cuál debía ser la solución o respuesta escogida, porque considera que ello es función de los poderes democráticamente elegidos (algo que no ocurre con el Poder Judicial).

Catalina Smulovitz, directora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, llama "poder autolimitado o paradójico" a este modo de intervención de la Corte. "Más allá de las innovaciones doctrinarias que puedan haber surgido en este año, las últimas decisiones de la Corte presentan un rasgo novedoso que merece ser destacado -opina-. Esta es una Corte que no sólo entiende que sus decisiones implican la afectación de los intereses de las partes involucradas sino que también es consciente de las consecuencias político institucionales de sus intervenciones.

Para Smulovitz es una forma de intervención paradójica: la Corte interviene, y por lo tanto no puede decirse que renuncie a su rol institucional, pero lo hace de forma tal que muestra a los otros poderes y actores que estos temas requieren no sólo decisiones jurídicas sino también discusiones y debates políticos.

En el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) son algo más cautos. Su director ejecutivo, Gastón Chillier, considera que es positivo este nuevo rol que parece mostrar la Corte con una agenda enfocada hacia la protección de derechos. Sin embargo, dice que el alto tribunal "necesita afinar, ajustar o precisar la ejecución de este tipo de sentencias (alude especialmente a los casos de las cárceles bonaerenses o del Riachuelo) para comprometerse con la ejecución de sus decisiones y garantizar así la satisfacción efectiva de los derechos". Para Chillier, todavía falta un paso más.

Con una mirada menos jurídica y más política, Sergio Berensztein, director de la consultora Poliarquía y docente en varias universidades, considera que es indudable que, en un contexto de profundo deterioro institucional promovido por las constantes distorsiones que genera el hiperpresidencialismo, la actuación de la Corte Suprema representa un soplo de aire fresco, una muy saludable excepción. Pero, dice, esto no se extiende al Poder Judicial en su conjunto, ni alcanza para que el sistema republicano funcione con algún viso de normalidad.

"En particular, durante el último año hubo un preocupante retorno de un estatismo anacrónico, que le devuelve al Poder Ejecutivo facultades de enorme discrecionalidad y pone de manifiesto una vocación por un intervencionismo extremo que favorece el capitalismo de amigos y la asignación arbitraria de recursos. El Congreso volvió a convertirse en una opaca caja de resonancia de la decisiones espasmódicas del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la Resolución 125 (sobre retenciones móviles) debe analizarse como una excepción, fruto del error del Gobierno en polarizar infantilmente el conflicto con el campo. Frente a este avance depredador del hiperpresidencialismo, me temo que la contribución de la Corte Suprema al equilibrio de poderes es claramente insuficiente", se lamenta Berensztein.

Entre los temas pendientes de resolución que tiene a estudio, la Corte deberá decidir sobre la validez de la reforma al Consejo de la Magistratura que impulsó Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora, determinar los límites del Presidente para dictar decretos de necesidad y urgencia, expedirse sobre los llamados "superpoderes" del Poder Ejecutivo Nacional y analizar la posibilidad de que se celebren en el país matrimonios entre personas de un mismo sexo.

Sin duda, todos son temas sensibles para el poder. Habrá que ver si la Corte profundiza el camino de independencia que comenzó a recorrer y contribuye a equilibrar el desbalanceado sistema institucional argentino o, como ya pasó en otros momentos de la historia, un cambio abrupto la lleva a torcer su dirección.

© LA NACION