- AMNESIA -

La memoria perdida:

archivos, desidia y falta de información

Entre funcionarios que al terminar su período se llevan los papeles y aquellos que la destruyen por considerarla poco importante, la calidad de la documentación en nuestro país sigue siendo mala.

Por Laura Zommer
Enfoques - La Nación

Si tienen que hacer ciertas cosas, háganlas rápido y vuelvan lo antes posible a la normalidad." Las palabras de Henry Kissinger al interventor militar en la Cancillería argentina, César Guzzetti, dos meses y medio después del golpe del 24 de marzo de 1976, quedaron registradas en un memo de aquella reunión -uno de los cerca de 70 mil documentos de la CIA y de los departamentos de Estado y de Defensa norteamericanos sobre la represión de las dictaduras del Cono Sur que ha logrado desclasificar el National Security Archives (NSA)- que hoy prueba de manera categórica que el gobierno de los Estados Unidos siempre estuvo al tanto de la represión ilegal en la Argentina.

Además de servir para reescribir la historia oficial, la documentación obtenida -haciendo uso de la Freedom of Information Act (FOIA), la ley de acceso a la información de ese país- fue fundamental para esclarecer el destino de una docena de desaparecidos en la Argentina, cuyas familias venían peregrinando vanamente en busca de información desde hacía varios años.

Sólo con este ejemplo, uno de los miles que han ocurrido en el mundo gracias a la desclasificación de información oficial, uno entiende que la confección y conservación de documentos de la administración pública no es un mero capricho de archiveros aburridos o funcionarios fanáticos por juntar papeles, sino que puede ser clave para reconstruir o rectificar procesos históricos y para rescatar del dolor de la incertidumbre a familias enteras. La gran Historia y la pequeña historia individual coinciden en este punto.

En Argentina, sin embargo, entre funcionarios que al terminar su período se llevan los papeles a casa, otros que alteran la información de sus computadoras para no dejársela a los sucersores y algunos que por ignorancia destruyen documentos que consideran poco importantes, la calidad de la documentación en nuestro país -en los niveles nacional, provincial y municipal-todavía es mala.

Según quién sea el interlocutor, por supuesto, el diagnóstico será más o menos grave.

Pedro Victorio Bevilacqua, subdirector del Archivo General de la Nación, repite la misma frase que ya crispó a sus jefes hace algún tiempo: "Estar en el Archivo es estar sentado sobre una montaña de oro. Pero, nos dan dos chapas de cartón y nos dicen: "Tápenlo".

Pero Marta Oyhanarte desafía: "Este es el período de la historia argentina en el que más se trabajó y avanzó a nivel nacional en estos temas de acceso a la información. Desafío a cualquiera a que me pruebe lo contrario". Sin embargo, la titular de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, el organismo que debe hacer cumplir el Decreto 1172 de diciembre de 2003 -que prevé un reglamento para acceder a información de la administración central-, reconoce que falta mucho y que "hay aún carencias y, una de ellas, es la cuestión del registro, la organización de la información oficial y su archivo".

Aunque más crítico, Bevilacqua, el hombre que custodia un tesoro en donde hay desde fotos de la vida cotidiana en la época colonial hasta decretos recientemente firmados por Kirchner, también reconoce avances: el aumento previsto en el presupuesto 2008 permitiría digitalizar la documentación hasta 1939. Pero, claro, aun cuando el Archivo pudiera cumplir con su trabajo como se debe, si la información no se produce o no se envía para su guarda, probablemente se avance poco.

Empezar de cero

Los archivos de los ministerios y demás organismos del Estado son lugares singulares. En ellos suelen convivir funcionarios entrenados, celosos y comprometidos en la guarda de la documentación, que muchas veces se enfrentan con los funcionarios políticos de turno en pos de la conservación de ciertos documentos, y agentes estatales castigados por alguna razón y relegados a pasar sus días apilando o clasificando papeles a los que dan poca importancia.

Y a veces hay intencionalidad. "Muchísimos funcionarios se llevan la información cuando terminan su gestión porque creen que les pertenece", advierte Roberto Saba, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Varios funcionarios de gestiones anteriores y actuales lo confirman en off de record , igual que dos jueces federales porteños. "Decenas de funcionarios relatan que llegan a sus oficinas al inicio de su gestión y casi no encuentran ninguna información sobre lo que se estaba haciendo hasta ese momento. Bajo esta lógica, las políticas se comienzan desde el principio una y otra vez", agrega Saba.

Los dos magistrados consultados, cuya tarea consiste básicamente en reconstruir hechos recientes de corrupción o tráfico de drogas, confirmaron que, en la práctica judicial, se advierte que muchos funcionarios se llevan los archivos -originales o, a veces, copias- sin tener mayor consciencia de que eso está prohibido. "A veces, los presentan como prueba de defensa", contó uno. Además, mencionaron casos en los que encontraron computadoras reseteadas antes de que se produjera un allanamiento en una repartición estatal o adulteraciones de documentación gracias a la tecnología.

La ignorancia también hace lo suyo. Es bien conocido que fueron pocos los archivos de la dictadura argentina que se han descubierto en el país. Uno de ellos fue el de la División de Inteligencia de la Policía de Santa Fe. ¿Qué pasó con él, en plena democracia? Cuando lo abrieron, por ley, decidieron que cada persona se llevara su legajo o el de su familiar desaparecido o asesinado. Algunos, dejaron copias. Otros, ni eso, ya que la ley no lo preveía.

Sin duda, no existe ningún rincón del mundo donde no haya secretos y todo -aun las verdades más incómodas- se haga público. El problema es que, según la mayoría de los especialistas, es poco lo que se ha hecho para avanzar en materia de registro, producción de información y archivo.

De hecho, la Ley 15.930, que crea y regula al Archivo General de la Nación, es de 1961, y los dos decretos reglamentarios de esta norma, que también están vigentes, fueron dictados durante la última dictadura militar: uno fue firmado por Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy y, el más reciente, por Roberto Eduardo Viola y Tomás Liendo.

Esos decretos reglamentarios dictados durante gobiernos de facto prevén el descarte de documentos y la destrucción de archivos administrativos y documentación pública "que no merezcan ser conservados". ¿Quién decidía entonces qué se guardaba y qué no? Y ahora, ¿quién lo hace y con qué criterios? ¿Quién le indica a cada uno de los funcionarios de la Argentina qué información debe registrar o mandar al Archivo para conservar y cuál no?

Es más, ¿por qué, si pasaron casi 24 años desde la restauración democrática, nunca se dictó una nueva ley de archivos? ¿Cómo se explica que el Archivo funcione aún en la órbita del Ministerio del Interior? ¿Cómo se prevé conservar en el futuro la información que hoy el Estado genera en diversos programas informáticos que, probablemente, ya no existan cuando alguien quiera consultarlos en algunas décadas?

Una posible respuesta es que nadie -o, para ser justos, sólo unos pocos- presta verdadera atención a este asunto. Por ejemplo, el Decreto 1172/3 estableció un sistema para que todos los funcionarios de cierta jerarquía publiquen en Internet las reuniones que puedan implicar conflictos de intereses. De hecho, en www.mejordemocracia.gov.ar uno puede enterarse de con quién se reunió el Presidente hasta hace tres días atrás. Pero, claro, nunca suele haber información demasiado precisa.

Como ésta, por ejemplo: el diario El País de Madrid publicó el 25 de septiembre último que George W. Bush avisó al ex presidente José María Aznar que estaría en Bagdad en marzo de 2003 con o sin resolución de la ONU y que el jefe de Estado español le pidió apoyo en la opinión pública. La nota, que revela el contenido de una reunión que mantuvieron Bush y Aznar cuatro semanas antes de la invasión de Irak, pudo escribirse gracias a que la información de las reuniones presidenciales se publica periódicamente en los Estados Unidos.

Ratones en la historia

El director del Proyecto del Cono Sur del National Security Archives, Carlos Osorio, que colaboró y colabora con la Justicia argentina a raíz de sus hallazgos, explica cómo trabaja su organización: "Hacemos una tarea de hormiga. Seleccionamos episodios importantes de la historia y formulamos entre 500 y 1000 pedidos sobre un mismo asunto a diversas reparticiones del Estado para reconstruir lo que pasó realmente y, muchas veces, reescribir la historia". Además de averiguar sobre la Guerra de Malvinas y el Plan Cóndor, Osorio y sus compañeros trabajaron con la política de los EE.UU. con Venezuela entre 1990 y 2000, el llamado caso Irán contras y la invasión de Bahía Cochinos, entre otros episodios relevantes de la historia reciente. Los documentos obtenidos pueden consultarse en www.gwu.edu.

"Es extraordinario poder reconstruir episodios desde acá y tristísimo que no pueda hacerse desde el lugar donde ocurrieron", agrega Osorio, que prevé entre sus futuros proyectos solicitar la misma información en los EE.UU. y en la Argentina sobre las medidas que llevaron a la crisis de 2001. ¿Pasará ahora lo mismo que con las decisiones de la dictadura, volveremos a reconstruir desde allá?

En Nueva Zelanda, las cosas, desde hace un tiempo, son diferentes. En el Archivo General del país, que Oyhanarte visitó recientemente junto con el intendente de Morón, Martín Sabbatella, y otros jefes comunales, hay una bóveda similar a la del Banco Central de la República Argentina. Pero en ella, no se atesora dinero sino el Tratado de Waitangi, firmado el 6 de febrero de 1840 entre los maoríes y la Corona Británica y considerado el acta fundacional de Nueva Zelanda. El documento tiene una forma particular y sus bordes llaman la atención por lo irregulares. ¿Cuál es la explicación para ello? Que literalmente lo comieron los ratones y, sólo después de eso, las autoridades neozelandesas tomaron conciencia de que su desidia, ayudada por dientes de varios roedores, estaba comiendo su historia.