- CONFLICTO -

El conflicto por Botnia:

la intimidad de las negociaciones
Cualquier intento choca contra el muro de los asambleístas
Ambos países flexibilizaron sus posturas

Por Joaquín Morales Solá
Para LA NACION

El nuevo espíritu para un acuerdo entre la Argentina y Uruguay está intacto. Nueva York fue sólo la conversión formal de la reunión de Anchorena. En esta cumbre de hace poco más de un mes, que estaba comprometida a un secreto que no se cumplió, los gobiernos de la Argentina y Uruguay modificaron posiciones sustanciales sostenidas durante los últimos dos años de tensión.

A pesar de todo, una cuestión no resuelta hasta ahora se refiere al grado de influencia que tendrán en el desenlace del conflicto los asambleístas de Gualeguaychú, que han percibido, con especial sensibilidad, el cambio del rumbo oficial. Los asambleístas se han convertido en un "factor de veto", según la fórmula de Natalio Botana. Otro actor que no ha mostrado sus cartas hasta el momento es la propia empresa Botnia, cuyos aportes han sido, por lo general, para complicar las cosas más que para resolverlas.

El gobierno argentino aceptó la condición inmodificable del establecimiento de Botnia en Fray Bentos, en la otra orilla del río Uruguay. Kirchner ha dicho que no ha renunciado al planteo de su relocalización, pero sólo en el tribunal de La Haya. El planteo de fondo argentino en ese tribunal fue el supuesto incumplimiento del gobierno de Montevideo, en tiempos de Jorge Batlle, del Tratado del Río Uruguay.

Informaciones en poder del gobierno argentino señalan que La Haya podría aceptar que Uruguay incumplió el Tratado. Habrá, aun así, un trecho muy largo entre esa conclusión y una orden para desmantelar Botnia en Fray Bentos. Tales informaciones agregan que La Haya no encontraría tampoco argumentos que respaldasen las denuncias de supuesta contaminación hechas por los asambleístas.

La novedad del pensamiento argentino fue la aceptación de que el gobierno debe sumarse al monitoreo conjunto con Uruguay sobre la producción de Botnia antes de que La Haya confirme la actual ubicación de la fábrica de pasta de celulosa.

"Estaríamos en el peor de los mundos si nos quedáramos sin La Haya y sin monitoreo", dedujeron altas fuentes argentinas.

En la casona presidencial de Anchorena se reunieron los principales representantes presidenciales para la solución del conflicto: el argentino Alberto Fernández y el uruguayo Gonzalo Fernández. También formaron parte del reducido encuentro el canciller argentino, Jorge Taiana, y el embajador de Uruguay en Buenos Aires, Francisco Bustillo. El canciller de Uruguay, Reinaldo Gargano, se encontraba fuera de su país.

La reunión debió ser secreta, y por eso, luego de que trascendiera, hubo varios días de desmentidas o de verdades a medias. Fuentes oficiales de Montevideo atribuyeron la filtración al canciller Gargano, que aspiraba a incorporarse a la nueva ronda de negociaciones.

En esa reunión se había acordado también la redacción de un "protocolo verde" para el río Uruguay, lo que significaba que no habría más instalaciones fabriles en sus orillas, y el seguimiento constante de la producción de Botnia. Se convino en darles un protagonismo especial al gobierno español y al enviado real, Juan Antonio Yánez, que eso lo que se hizo en Nueva York.

El gobierno de Uruguay también cambió un aspecto fundamental de su posición: siempre aseguró que no negociaría con los puentes cortados. El presidente Tabaré Vázquez aclaró luego, en un discurso dirigido a su frente interno, que se trataba de un "diálogo" y no de una "negociación". El límite que separa una cosa de la otra sólo lo conoce él mismo. La reunión de Nueva York, de la que participó directamente el canciller español, Miguel Angel Moratinos, tuvo todas las características de una negociación.

Otro aporte de Tabaré Vázquez a la solución fue la decisión de postergar la autorización a Botnia para que comience su producción hasta fin de año. Es decir, hasta después de las elecciones presidenciales argentinas y, probablemente, de la asunción del próximo gobierno. Botnia recordó anteayer desde Helsinki que está preparada para comenzar a producir en cuanto la autorice el gobierno uruguayo. Es la única expresión que mereció la cumbre de Nueva York para la empresa, que ya antes había dañado irremediablemente una cumbre presidencial, programada también para Anchorena, en la que Kirchner y Tabaré Vázquez se proponían firmar un acuerdo.

Los asambleístas de Gualeguaychú fueron los primeros en advertir que el problema se les iba de las manos. Una encuesta del gobierno de Entre Ríos dio cuenta, además, de que sólo el 17 por ciento de la sociedad de Gualeguaychú apoya los cortes de los puentes y que un 70 por ciento está en contra de ellos. La aceptación y el rechazo social han cambiado sustancialmente en el último año. Hace doce meses, el 80 por ciento de Gualeguaychú apoyaba los cortes. Además, el resto de la provincia de Entre Ríos se interesa por otros problemas. "Le preocupa la inflación o el precio de la soja", dijo una fuente cercana al gobernador Jorge Busti.

Pero la minoría que queda es el núcleo más duro e intransigente de la protesta. Tiene posiciones políticas e ideológicas más fuertes que la simple lucha por la preservación del medio ambiente. Esos dirigentes de la sublevación han usado métodos ciertamente repudiables, como el escrache en casas de los pobladores que no estaban de acuerdo con ellos. A Kirchner lo han amenazado por el lado que más le duele: anunciaron un acto en la Plaza de Mayo para antes del 28 del actual. Saben que el camino hacia la elección en la que su esposa se jugará la presidencia es el tesoro más cuidado por el actual jefe del Estado.

Como si fuera poco, el domingo hicieron un ensayo de corte de la ruta 14 mucho antes del puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos. Por esa ruta pasa gran parte del comercio entre la Argentina y Brasil y entre Brasil y Chile. El conflicto ha quedado en un punto crucial: o se resuelve pronto o se sumarán a la tensión otros dos importantes países vecinos de la Argentina. Lo que está por verse es, en última instancia, si la política exterior argentina se decidirá desde una asamblea en Gualeguaychú.