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Elecciones a la estadounidense


Por Rubén M. Perina
Para LA NACION


La democracia norteamericana es vibrante, sólida y en constante perfeccionamiento. Las elecciones raramente se cuestionan, y los diferendos político-electorales se resuelven pacíficamente de acuerdo con la ley. La democracia es un pilar central de la política exterior del país. Su gobierno la promueve en el mundo, al prestar asistencia técnica para la organización de elecciones libres, justas y transparentes, y al enviar observadores electorales. Recientemente, sin embargo, su propio sistema electoral ha estado bajo escrutinio, particularmente desde la elección presidencial de 2000.

El sistema presenta características singulares que lo distinguen de otras democracias, modernas y emergentes, o de los modelos que con frecuencia expertos electorales proponen. Debido a mi experiencia al dirigir varias misiones de observación electoral en América latina, no puedo dejar de notar el contraste de tales características con la mayoría de los sistemas electorales que he observado. Por ejemplo:

No hay un código electoral nacional unificado. Los Estados Unidos tienen un sistema federal de gobierno fuerte y cada estado tiene sus propias reglas y estándares electorales. Hay diversos requisitos para obtener tarjetas de identificación, para registrarse, para votar o para usar tal o cual tecnología. La ley de apoyo al voto en América (AVA, 2002), sin embargo, trata de corregir esta dispersión y las deficiencias locales encontradas en las elecciones de 2002.

No hay un ente nacional o federal que organice, administre o supervise el proceso electoral, ni una autoridad nacional responsable de juzgar la calidad o la validez de las elecciones, o de proclamar al ganador. El proceso se maneja en cada distrito por su secretario de Estado. Para algunos críticos, la ausencia de una autoridad nacional no asegura imparcialidad en el criterio de elegibilidad para votar, de los procedimientos para registrarse o de un posible recuento de votos, como ocurrió en Florida, en 2000; tampoco asegura estándares nacionales para los formatos de la boleta ni de la tecnología por usarse. En algunos estados se usa tecnología electrónica avanzada, y en otros, procedimientos manuales. La comisión de asistencia para las elecciones, creada por AVA, sólo proporciona pautas voluntarias para los estados en algunos de estos temas.

No hay registro electoral nacional unificado o lista de votación federal. Así, teóricamente, uno puede registrarse y votar en uno o más estados, particularmente en aquellos que colindan. AVA estipula que los estados deben tener un registro de votantes centralizado; pero no contempla la creación de un registro nacional integrado, interactivo, que permitiría comprobar la duplicación del voto. Sólo 31 de los 50 estados tienen un registro electoral centralizado electrónico. Para algunos, esto es una puerta abierta para el fraude electoral.

No hay tarjeta de identificación nacional o federal, o un documento de votación. Algunos incluso desean eliminar el requisito de presentar identificación para favorecer la participación electoral. Según el distrito, los votantes pueden presentar diferentes tipos de identificación para votar, algunos con fotos, otros sin fotos. Este variado requisito de identificación es otra puerta posible para el fraude electoral.

El día de votación no es domingo como en la mayor parte de América latina; es siempre martes, un día laborable. La gente vota antes de ir a trabajar, durante su almuerzo o después del trabajo. Pero votar no es obligatorio. Algunos argumentan que esta práctica desalienta y reduce la participación del ciudadano. Para facilitar el voto, hay una costumbre en varios estados de permitir el voto anticipado por correo.

El ?voto ausente?, como el voto anticipado, se permite en la mayoría de los estados. En el estado de Oregon, es la única manera de votar. Mientras que este procedimiento permite el voto del ciudadano que no lo puede hacer el día del sufragio (por viaje o por incapacidad física), para algunos esto también abre la posibilidad de que se viole el secreto del voto. La propuesta del voto por Internet también puede permitir esta posibilidad.

No hay elección directa del presidente, como en la mayoría de los sistemas presidenciales. Se usa el sistema de Colegio Electoral: los ciudadanos votan por una lista de electores pertenecientes a su candidato preferido, y el número de electores que un candidato obtiene por cada estado que gane es igual al número de diputados y senadores que le corresponde a ese estado en el Congreso Nacional. Se gana con 270 electores de un total de 536. Existe así la posibilidad de que un candidato sea electo sin ganar el voto popular, como en 2000, con el triunfo de George W. Bush sobre Albert Gore.

Las primarias para seleccionar los candidatos presidenciales de los dos partidos no se celebran en un mismo día, como en la mayoría de los países que utilizan primarias. Se efectúan por estados o grupos de estados, durante un largo período (de enero a junio). Es un ejercicio electoral muy complejo. Cada partido usa mecanismos diferentes en diferentes estados para seleccionar sus delegados a convenciones estaduales y nacionales, en las que finalmente se elige al candidato. Aunque el proceso es muy útil para conocer los valores, la personalidad y las propuestas de los candidatos, los críticos argumentan que es un proceso demasiado largo, fragmentado y costoso.

El financiamiento de las campañas electorales es un tema complejo y polémico. Hay una discusión permanente sobre si corresponde limitar o no las contribuciones de los individuos a la campaña electoral. Para algunos, las contribuciones ilimitadas tienden a favorecer a candidatos titulares del cargo o a candidatos ricos; para otros, las limitaciones son inconstitucionales, porque restringen la libertad de expresión protegida en la Constitución.

Sin embargo, no hay límites para gastos de campaña si un candidato decide no aceptar financiamiento del gobierno federal (84 millones de dólares). Este candidato puede gastar tanto dinero como él o ella pudiera recaudar. Aunque hay restricciones a la cantidad que un individuo puede contribuir a una campaña (2300 dólares), cualquier candidato puede beneficiarse indirectamente de las actividades partidarias financiadas por los llamados Comités de Acción Política, que pueden recaudar una cantidad ilimitada de dinero para las actividades a favor de sus candidatos, pero siempre y cuando la recaudación de los fondos y la campaña proselitista no se haga en coordinación con la campaña del candidato. Hay, sin embargo, reglas estrictas que obligan a reportar las contribuciones recibidas.

Los críticos sostienen que estas características del sistema electoral norteamericano no ofrecen garantías completas, en términos de transparencia, imparcialidad, confiabilidad, exactitud, privacidad y seguridad del proceso de votación. También mantienen que las mismas pueden socavar la integridad del sistema y la confianza del votante.

Por ello, se advierte una discusión nacional cada vez mayor sobre la importancia y la urgencia de integrar, federalizar, estandarizar, así como profesionalizar el sistema electoral del país, a los efectos de generar mayor confianza pública en las elecciones. El Congreso Nacional y entidades, como la Comisión Federal para la Reforma Electoral, dirigida por ex presidente Jimmy Carter y el ex secretario de Estado, James A. Baker (www.american.edu/ia/cfer), y la Comisión para la Asistencia Electoral (http://www.eac.gov), entre otros, se encuentran trabajando en esa dirección.

El autor es un investigador social argentino que actúa en el Departamento de Modernización del Estado de la OEA.