Publicidad oficial y libertad de prensa
La reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la cual se condenó a Neuquén por el retiro de publicidad oficial del diario Río Negro y se le ordenó al gobierno provincial que presentara un plan de distribución de la pauta publicitaria que no sea irrazonable constituye un avance del cual deberían tomar nota las autoridades nacionales.
Si algo ha caracterizado al gobierno de Néstor Kirchner es la discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial. En efecto, el vertiginoso crecimiento del gasto público en ese rubro no ha sido acompañado por una mayor transparencia.
No causa extrañeza, aunque sí estupor, que en tres años el gobierno nacional haya aumentado un 388 por ciento sus gastos en publicidad, lo cual supera en forma holgada los índices de inflación, tanto oficiales como presumibles. Tampoco sorprenden las frecuentes denuncias sobre el reparto inequitativo de esas partidas, basado en aparentes políticas de premios y castigos a los medios periodísticos en función de sus posiciones ante el Gobierno.
La distribución de la pauta de publicidad oficial debería basarse en la transparencia, de modo de aventar sospechas sobre favoritismos. Se trata de fondos públicos que, en definitiva, deben tener un recorrido y un fin inequívocos.
La publicidad oficial cumple un papel primordial en la comunicación de programas e iniciativas estatales que, de otro modo, no serían conocidos. El problema radica en los incrementos, a simple vista desproporcionados, pero mucho más en la finalidad de una distribución de cuotas que se parece más a un reparto de favores que a una asignación responsable.
En un documento elaborado por la agrupación cívica Poder Ciudadano que da cuenta del aumento del presupuesto de publicidad del Estado nacional, los responsables del estudio se preguntan si el uso de las facultades extraordinarias otorgadas al Congreso, más conocidas como superpoderes, pudo haber influido en esta forma de actuar del Gobierno, objetada tanto en el país como en el exterior.
En su momento, la Asociación de Derechos Civiles propuso al Congreso principios básicos para regular la publicidad oficial con la premisa de que sea útil a la población y no promueva los intereses del Gobierno o de un grupo de poder en particular. El oficialismo, a su vez, desechó tres proyectos de ley que procuraban regular esta materia.
La vaguedad e imprecisión de las respuestas oficiales recibidas acerca de los montos presupuestados y los criterios para su distribución, concluye Poder Ciudadano, convierten a la publicidad oficial en un gasto cuyo fuerte crecimiento no ha ido acompañado de la necesaria transparencia ni en los requisitos impuestos a los proveedores para ser contratados ni en la información divulgada sobre los pagos efectuados y los servicios adquiridos por el Estado.
Es menester que los legisladores trabajen en la redacción y sanción de leyes que reduzcan la discrecionalidad de las autoridades para distribuir la pauta publicitaria oficial.
Respecto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la citada organización no gubernamental advirtió, ya antes de las recientes elecciones porteñas, un llamativo aumento de la propaganda institucional durante la campaña electoral. Sería deseable que no sucediera lo mismo en vísperas de las próximas elecciones nacionales, dado que, de lo contrario, sólo se sembrarían más dudas sobre los cambios que, según reza su eslogan, se propone instrumentar la candidata presidencial oficialista, al igual que sobre la tan manoseada calidad institucional.
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