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El subte y el usuario olvidado


Ha transcurrido suficiente tiempo como para que el conflicto gremial en los subterráneos hubiese tenido una solución razonable. Sin embargo, el pleito sigue en pie y las víctimas directas e inermes de esa inadmisible situación son los usuarios, afectados por alternativas con las cuales nada tienen que ver, salvo, claro está, los perjuicios que padecen en forma casi cotidiana.

Atrasos y cancelaciones de trenes, cuando no suspensiones lisas y llanas de los servicios, son moneda corriente en las cinco líneas. Incidentes que, por supuesto, carecen de día y hora fijos, pero que por lo general coinciden con los denominados horarios pico, en un soterrado intento de exacerbar la justa indignación que tales hechos les provocan a quienes sólo alientan la intención de ser transportados al lugar al cual pretenden viajar.

En uno de los bandos en conflicto se encuentra un grupo de delegados laborales y numerosos operarios de los subterráneos; en el otro, según las apariencias, están la empresa concesionaria, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el gobierno nacional. No hay dudas de que una de las raíces de esta crisis debería ser buscada en la curiosa situación de esta empresa de transporte público cuyas trazas viales se encuentran en su totalidad dentro de esta ciudad. Por lo tanto, Subterráneos de Buenos Aires es propiedad absoluta del gobierno autónomo porteño, pero, por causa de una de las maniobras concretadas al momento de conceder esa autonomía, es administrada por el gobierno nacional, que se la ha entregado en concesión a un operador privado, Metrovías.

A partir de esa complejidad, se ha entablado el enredo que hasta ahora nadie ha logrado normalizar. Los delegados, en conflicto con la UTA, a la cual acusan de no apoyar a los trabajadores, no cesan de formular denuncias graves acerca de la falta de mantenimiento y el mal estado de la infraestructura de los subterráneos y del material rodante. De acuerdo con los augurios más extremos, los problemas alcanzan tal magnitud que viajar en ese medio de transporte sería "peligroso" para quienes así lo hacen. Esos diagnósticos han sido confirmados por el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, por el Centro de Educación al Consumidor y por denuncias de usuarios.

Metrovías ha replicado que si hay daños, ellos obedecen a los "sabotajes" cometidos por los belicosos delegados, quienes, según la empresa, no sólo han declarado el estado de asamblea permanente, sino que habrían impedido la salida de formaciones, amenazado al personal que no adhiere a su causa y pintado con pintura negra los parabrisas de coches motores para impedir que circulen. La concesionaria ha pedido el desafuero de un delegado al que sindica como responsable de esas acciones agresivas, a las que tilda de "vandalismo gremial". Y tras una inspección ocular, la viceministra de Trabajo de la Nación, Noemí Rial, ha asegurado que "el mantenimiento es respetado y los vehículos están en perfectas condiciones".

¿A quién o a quiénes les asiste la razón? Tal el dilema que aún está pendiente. Mientras tanto, los sufridos usuarios son mudos testigos y forzosos rehenes de esta sorda pugna. Salen de sus domicilios y de sus trabajos abrumados por la incógnita de no saber cuándo habrán de llegar a sus destinos y si, tras una larga espera en andenes atiborrados de público, no deberán volver a la calle para abordar algún medio alternativo no siempre económico.

Quienes han engendrado esta conflictiva situación deberían tener presente que la paciencia tiene un límite y advertir que entre todos están haciendo lo posible y lo imposible para exasperar al público usuario, que por educado y paciente que fuese, ya en otras oportunidades ha dado muestras sobre cómo puede llegar a reaccionar cuando presiente que le están tomando el pelo.

Los usuarios tienen derecho de exigir que se les aclare al pie de la letra cuáles son las condiciones reales en que están funcionando los subterráneos. Sería francamente inaceptable que, además de todas las molestias presentes, estuviesen siendo sometidos a situaciones de riesgo de las cuales, está visto, nadie se hace responsable, incluida la propia Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), tal vez el más mudo entre los actores de este pleito del cual, por acción, omisión o forzoso cautiverio, nadie está saliendo bien parado.